Por Edwin Gamboa. Fundador Caja Negra.
El Congreso de la República ha decidido —una vez más— confirmar su vocación funeraria por la democracia: esta vez, archivando sin sonrojo la denuncia constitucional contra Dina Boluarte por las muertes en las protestas de 2022 y 2023. No hay debate. No hay justicia. Solo hay votos obedientes que protegen a una presidenta cada vez más sola, pero siempre bien cuidada por el poder legislativo.
Con doce votos a favor y apenas dos en contra, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) sepultó la denuncia constitucional 509 del Ministerio Público, que acusaba a la mandataria y a sus exministros por homicidio calificado y lesiones graves. ¿El argumento? El de siempre: «no hay pruebas suficientes». Un mantra oficialista que convierte a las muertes documentadas en simples estadísticas sin autor.
Todo ocurrió sin debate, sin deliberación, sin presencia de la mayoría de congresistas, salvo el delegado José Jerí, quien leyó su libreto con tono de tecnócrata imparcial. Pero no lo fue. Jerí, que alguna vez también fue cuestionado por denuncias propias, aseguró que no existían órdenes directas ni vínculos causales con las muertes. Al parecer, en Perú la violencia del Estado sucede por arte de magia, y los muertos caen solos.
El blindaje fue obra conjunta de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Honor y Democracia, y otros socios del oficialismo de facto. Un bloque que ya no legisla: protege. Ya no representa: encubre. Ya no escucha al país: solo escucha el silencio que conviene.
Cuando la impunidad se institucionaliza. Este archivo no es un hecho aislado. Es la continuidad de un patrón: proteger a Dina Boluarte de toda responsabilidad, blindarla del escrutinio, y maquillar su gestión más impopular con ceremonias, aviones de combate o himnos obligatorios. A estas alturas, al ritmo que cae su aprobación, no sorprendería que al terminar esta editorial, ya esté en 0%. Y no sería raro. Lo raro sería que el Congreso haga su trabajo.
El Congreso ha convertido la impunidad en norma. ¿Qué importa que haya informes de organismos internacionales señalando responsabilidad política en las muertes?. ¿Qué importa que el Perú tenga más de 40 muertos en protestas sin un solo alto funcionario sancionado?. Lo que importa es sostener, como sea, a un gobierno en modo supervivencia hasta el 28 de julio de 2026. Como si la historia no les fuera a pasar factura.
Y mientras tanto, los extorsionadores controlan barrios, la minería ilegal avanza impune, el sistema de salud colapsa, los colegios se caen a pedazos, pero el Congreso y el Ejecutivo prefieren invertir su tiempo y su voz en blindajes y símbolos. Como si imponer el himno pudiera tapar los disparos, y archivar una denuncia pudiera borrar las balas.
Reflexión final
La política peruana ha llegado al punto en que se archivan cadáveres. Se blindan culpables. Se silencian muertos. Y se recitan discursos vacíos sobre institucionalidad mientras se pisotea la justicia.
Lo más grave no es que el Congreso haya votado el archivo. Lo más grave es que lo haya hecho con absoluta normalidad. Como si más de 40 muertes fueran solo una molestia administrativa. Como si gobernar fuera sobrevivir sin consecuencias. Como si el país no estuviera mirando. Pero el país sí mira. Y aunque el Congreso archive, nosotros recordamos. Porque la sangre no se borra con votos. Y la historia no se archiva.