Por Edwin Gamboa, fundador Caja Negra.
La minería ilegal ya no es un problema: es una sentencia. Mientras en Lima se celebra la independencia con desfiles, discursos y desmemoria, en la Amazonía peruana los ríos mueren en silencio, las comunidades resisten solas y el Estado se disuelve como oro en mercurio. Pero no se alarme, querida ciudadanía: la presidenta Dina Boluarte y su gabinete decorativo están ocupados sobreviviendo —políticamente, claro— hasta el 28 de julio de 2026. Porque gobernar, lo que se dice gobernar, es un verbo en peligro de extinción.
Las denuncias de líderes indígenas como Lizardo Cauper, José Manuyama y Tsanim Wajai Asamat no dejan lugar a dudas: la minería ilegal ha tomado la selva como botín, contaminando ríos, comprando conciencias, asesinando defensores ambientales y destruyendo comunidades que ya cargaban con siglos de abandono.
En el río Nanay, en el río Ucayali, en el Santiago… el patrón se repite: el oro fluye, el mercurio envenena y el Estado mira hacia otro lado o simplemente no mira, como si la Amazonía fuese un apéndice prescindible de la patria. Y mientras los comuneros luchan con recursos propios por sobrevivir sin destruir su entorno, el Estado solo aparece para la foto o para firmar resoluciones que nadie cumple.
Y por supuesto, los discursos oficiales nunca faltan. «Estamos trabajando», dicen. Claro, trabajando en blindajes políticos, ajustes de sueldos y reformas vacías. Porque en un país donde la justicia viaja en burro y el crimen en cuatrimoto, la minería ilegal se da el lujo de operar a plena luz del día, con maquinaria pesada, protección local y —por qué no— una palmadita estatal en la espalda.
¿Y qué hace el Ministerio del Ambiente?. ¿Qué dice el Ministerio del Interior? ¿Dónde está la Fiscalía? Las respuestas: decorando el protocolo, justificando inoperancia o, como bien señaló el fiscal Frank Almanza, pidiendo presupuesto para al menos intentar parecer autoridad. Porque sí, en toda la vasta región de Loreto hay exactamente dos fiscales provinciales para enfrentar a un imperio minero-criminal que no duerme y que sí invierte.
Y mientras tanto, los apus que no se venden son amenazados, aislados o eliminados. Las comunidades, acorraladas por el mercurio y por la indiferencia, se debaten entre resistir o entregarse. ¿Quién puede culparlas? Cuando el Estado abandona, el crimen adopta.
La Amazonía no está siendo olvidada: está siendo deliberadamente sacrificada. Porque la indiferencia institucional ante el ecocidio no es negligencia: es complicidad. Nadie puede decir que no sabía. Las comunidades gritan, la prensa reporta, los líderes denuncian… y el gobierno responde con silencio, omisión y cálculo electoral.
Este no es solo un crimen contra la biodiversidad. Es un crimen contra los pueblos originarios, contra la soberanía territorial, contra el futuro del país. Y sin embargo, la minería ilegal avanza como un Estado paralelo, mientras el Estado legal se sienta a mirar cómo se pudre el río.
Reflexión final
La selva arde, pero no hace ruido en Palacio. El mercurio mata lento, pero la indiferencia mata más. Y mientras Dina Boluarte cuenta los días para llegar con vida política al 2026, la Amazonía cuenta las especies extinguidas, los ríos contaminados y los líderes asesinados.
No se trata solo de defender árboles o delfines rosados. Se trata de defender la vida. La justicia. El país. Pero claro, para eso se necesitaría un gobierno. Y aquí, lo que tenemos es un simulacro.