Hay algo profundamente revelador en el hecho de que, mientras el país se desangra entre hospitales colapsados, pacientes invisibilizados y medicamentos fraccionados, el Gobierno de la “esperanza democrática” esté más preocupado por resistir hasta el 28 de julio de 2026 que por sostener a los 90,000 peruanos que viven con VIH. Porque claro, en el Perú de hoy, la salud pública es un lujo, la dignidad una excepción, y los derechos, apenas una promesa con fecha pendiente.
Ali Yache, vocera del colectivo Positivo de Corazón, ha tenido que salir a gritar lo que el Estado silencia: miles de personas con VIH están recibiendo medicamentos a “cuenta gotas”. No como metáfora, sino como práctica clínica institucionalizada. El Estado, tan hábil para aprobar bonos y blindajes express, no logra abastecer de manera constante los tratamientos antirretrovirales ABC/3TC. Los datos no mienten: de las más de 34 mil unidades necesarias, llegaron apenas 6 mil. ¿Responsables?. Cenares y el Ministerio de Salud se pasan la papa caliente con la gracia de un sketch tragicómico.
Mientras tanto, los pacientes —cuyos cuerpos no toleran los esquemas estándar— deben esperar hasta septiembre para recibir su medicación. Eso si no hay retrasos, claro. Porque en este país, hasta la salud depende del humor del calendario logístico y de un Ministerio que vive en modo piloto automático. Total, ¿qué son unos meses sin tratamiento? Al parecer, una tolerancia oficializada que, según algunos médicos, no genera “efectos inmediatos”… solo resistencia medicamentosa, progresión del virus y muerte diferida.
Y mientras pacientes protestan en las calles, el ministro de Salud, César Vásquez, guarda un silencio estratégico. Tal vez esté muy ocupado evaluando su agenda de supervivencia política, al igual que la presidenta, quien observa desde Palacio cómo el sistema colapsa con la misma pasividad con la que se canta el Himno Nacional dos veces al día. Porque para este gobierno, la salud parece una ocurrencia, no una política de Estado.
Nos dicen que no hay desabastecimiento, que todo está “cubierto hasta 2026”, que pronto llegará el lote mágico desde el extranjero. Pero los datos, los testimonios y las denuncias en más de 40 establecimientos de salud dibujan otra realidad: una en la que los derechos fundamentales están sujetos a promesas rotas y discursos ensayados. El sistema de salud no está “en dificultades”: está en caída libre. Y el gobierno, lejos de asumir la crisis, la disfraza de trámite.
Reflexión final
En este Perú de desmemoria y excusas, los pacientes con VIH son tratados como notas al pie de página. La escasez de antirretrovirales no es un error logístico: es una consecuencia directa de un modelo de Estado que abandonó hace tiempo su responsabilidad de cuidar a los más vulnerables. ¿Quién se hará cargo de las consecuencias en la salud de estos pacientes? Tal vez nadie. O tal vez, como siempre, la respuesta llegue tarde… si es que llega.