Justo cuando creíamos que el calendario de Fiestas Patrias era sagrado, la realidad nos regaló una sorpresa: el 28 de julio ya no es solo una fecha para discursos y desfiles, sino también para paros, bloqueos y reclamos en masa. No hay mejor postal del Perú contemporáneo que la de una república celebrando su independencia… en medio del caos vehicular. Tres paros de transportistas en menos de un mes —24 y 25 de julio, 27 y 28 de julio, y otro anunciado para el 11 de agosto— bastan para confirmar que ya no gobernamos el calendario ni el país.
Y no es que los transportistas tengan un capricho festivo. Es que están hartos. Como casi todos. La diferencia es que ellos tienen vehículos y pueden bloquear. El resto apenas tiene su indignación estacionada. La presidenta Dina Boluarte, con su ya célebre 2% de respaldo, ha pasado a ser una pasajera más en el ómnibus del desgobierno, mientras las mafias —extorsionadores, mineros ilegales y narcotraficantes— conducen a todo el país hacia un destino incierto.
Los paros convocados por la Asociación Nacional de Conductores del Perú (24 y 25 de julio) y la Alianza Nacional de Transportistas (27 y 28 de julio) no nacen de la nada. Surgen de asesinatos impunes, de extorsiones sin castigo y de un gobierno que parece más interesado en durar que en actuar. Que la inseguridad ciudadana, el sicariato y las amenazas a choferes y cobradores sean el punto de partida de esta movilización lo dice todo. Aquí no se protesta por privilegios. Se protesta por sobrevivir.
Y si alguien creía que esto era un problema focalizado, que mire el tamaño de la coalición: taxistas, colectiveros, trabajadores CAS, comerciantes, ronderos, campesinos, estudiantes, familiares de víctimas del sicariato. Más que un paro, parece una junta nacional de damnificados por el Estado. Y eso, para un país que dice vivir en democracia, debería ser motivo de alarma. Pero no. En Palacio solo se escucha el eco del silencio.
El desgobierno no se detiene, solo avanza a ciegas. Tres paros en un mes no reflejan fuerza sindical, sino vacío estatal. Si el Ejecutivo y sus ministros, en lugar de coordinar con las regiones y articular seguridad, prefieren mirar el problema por la ventana del helicóptero, no sorprende que la ciudadanía opte por cerrar calles. No hay liderazgo. No hay política. Solo hay sobrevivencia.
Mientras la presidenta intenta llegar al 2026 sin mayor sobresalto —aunque eso implique ser testigo pasiva de cómo el país es tomado por el crimen—, el Congreso hace lo suyo: blindajes, repartijas y debates irrelevantes. El Ministerio del Interior, por su parte, anuncia que “los gremios formales no apoyarán las paralizaciones”, como si la legitimidad de una protesta se midiera por la firma de una planilla. Todo eso mientras el promedio diario de asesinatos se mantiene entre 5.5 y 6. ¿Y cuál es la respuesta oficial? “Capturamos bandas, pero no es suficiente”. Un sincericidio que ya se volvió política pública.
Patria en retroceso, fiesta en modo protesta. El Perú celebra su independencia con movilizaciones, no con desfiles. El 28 de julio ya no es el aniversario de la libertad, sino el termómetro del descontento. La Plaza Dos de Mayo será más concurrida que el Congreso. Los colectivos gritarán más fuerte que el mensaje presidencial. Y no por rebeldía, sino por necesidad. Cuando el Estado se ausenta, la protesta se vuelve presencia.
Lo más alarmante no es que se convoquen marchas. Es que nadie crea que pueden evitarse. La inercia gubernamental ha hecho del paro una forma de diálogo. El claxon reemplazó al oficio. El bocinazo, al discurso. El cierre de vía, a la promesa incumplida. Y entre tanto, los ciudadanos asumen que los únicos cambios posibles llegan con humo, piedras o pancartas.
Lo que está en juego no es la movilidad urbana ni el orden público. Es la credibilidad institucional. Cada paro sin respuesta, cada extorsión sin castigo, cada crimen sin justicia, va cavando una zanja entre el Estado y su pueblo. Y en esa zanja ya no cabe más indiferencia.
Dina Boluarte y su gabinete pueden seguir creyendo que llegar al 2026 es una victoria. Pero si lo hacen dejando un país bloqueado, sometido por el crimen, quebrado por la desconfianza y huérfano de futuro, no será una victoria: será una rendición silenciosa.
Que no se diga luego que nadie lo vio venir. El país está haciendo ruido. Mucho. Ya no con arengas. Con paros. Con calles vacías. Con transportistas en rebelión. Con Fiestas Patrias convertidas en duelo cívico. Porque cuando los ciudadanos se ven obligados a gritar para que el Estado escuche, es que el poder ya no gobierna. Solo ocupa oficinas.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra