En la ciudad donde el tráfico ya es una tortura cotidiana y el aire huele a desesperanza, lo único que faltaba era que los transportistas anunciaran un paro. Pero no, no se equivoque: esto no es una huelga, es un grito. Un grito de hartazgo ante un Estado que ya no gobierna, un gobierno que no manda y una presidenta que apenas aparece. Mientras las mafias se reparten los barrios, los extorsionadores siembran el miedo y los peruanos sobreviven como pueden, Dina Boluarte afina discursos y cifras, sube su sueldo y se abraza a un cargo que se le queda grande.
El paro anunciado para el 24 y 25 de julio no es el problema, es el síntoma de un país en coma político, con un Congreso que no legisla, un gabinete que no gobierna y una delincuencia que sí sabe lo que quiere: controlarlo todo. En ese contexto, los transportistas han dicho basta. Y lo que se viene podría ser solo el comienzo. Porque cuando el desgobierno se normaliza y el miedo se institucionaliza, la protesta no es un acto político: es un acto de sobrevivencia.
El Perú vive una paradoja siniestra: el Estado existe en papeles y desfiles, pero en las calles manda la extorsión, la impunidad y el sálvese quien pueda. La Parada de transportistas no es un capricho gremial: es un SOS de miles de trabajadores que conviven cada día con amenazas, cobros ilegales, asesinatos por negarse a pagar cupos, e indiferencia estatal como respuesta. Hoy extorsionan a transportistas, mañana a bodegueros, luego a comerciantes, empresarios, directores de colegios. El crimen ha dejado de ser un problema social para convertirse en la verdadera administración paralela del Perú.
Y mientras tanto, ¿qué hace el gobierno?. Pues lo que mejor sabe hacer: nada. O peor aún, simular que hace algo. La presidenta Dina Boluarte, según las encuestas, ostenta el récord de impopularidad mundial —logro que seguramente ni ella esperaba batir—, y en lugar de gobernar, se dedica a justificar aumentos de sueldo, aceptar regalos, blindar silencios y estirar el calendario hasta llegar viva, aunque políticamente muerta, al 28 de julio de 2026. El Congreso, por su parte, sigue en su letargo de intereses, blindajes y leyes decorativas. La seguridad ciudadana es solo una palabra de campaña. Y la estrategia nacional frente al crimen organizado, una leyenda urbana.
Hoy el transporte se paraliza. Mañana serán las regiones, los sectores educativos, los mercados, los hospitales. La protesta se convierte en cadena, no porque haya coordinación, sino porque hay desesperación compartida. Lo más peligroso de este contexto no es el paro, sino que ya nadie espera soluciones desde Palacio ni desde el Legislativo. La gente protesta, pero también se organiza, se blinda, se calla o se fuga. Y mientras tanto, el Estado se va encogiendo, dejando más espacio libre para las mafias, para los extorsionadores, para los que sí tienen «un plan», aunque sea criminal.
El paro del 24 y 25 de julio no es un evento aislado: es el espejo roto del país en el que vivimos. Muestra una sociedad desbordada por la delincuencia, un gobierno sin brújula y un pueblo que ya no tiene miedo a protestar porque vivir con miedo es peor que arriesgarlo todo. Es también la radiografía de un desgobierno tan profundo que incluso quienes deberían temerle al Estado ahora lo desprecian. Dina Boluarte podrá subir su sueldo, pero no su legitimidad. Podrá acumular regalos, pero no respeto. Podrá resistir hasta el 2026, pero no gobernar un solo día más.
Lo que viene, según anuncian, son tres paros más. Y no es para menos. Porque cuando el Estado abdica de su responsabilidad de proteger, la protesta se convierte en la única forma de recordarle que todavía existe un pueblo. Uno que exige vivir sin miedo, sin extorsión y sin esta estafa política disfrazada de democracia.
Reflexión final
El Perú no necesita más discursos, ni más desfiles, ni más excusas. Necesita autoridades que no huyan ante la crisis, que no negocien con el crimen ni se escondan en encuestas o portátiles. Pero sobre todo, necesita que el ciudadano recupere su lugar en la democracia. Porque si no gobierna el pueblo, gobiernan las mafias. Y si callamos ante eso, entonces ya no vivimos en una República, sino en una triste parodia de lo que alguna vez soñamos como nación.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra