En el Perú de hoy, tener una bodega no es solo emprender, es resistir. Y no hablamos de la competencia del minimarket de la esquina o de los supermercados, sino de los nuevos socios estratégicos del miedo: las bandas de extorsionadores. Cinco mil bodegas extorsionadas en lo que va del año. Cinco mil. Mientras tanto, en Palacio de Gobierno, Dina Boluarte y su séquito de ministros decorativos siguen practicando su deporte favorito: la indiferencia profesional.
Pero eso sí, cuando se trata de inaugurar algo, posar para una foto, o viajar a alguna cumbre donde se hable de “gobernanza” (esa palabra que nadie del gabinete sabe conjugar), ahí están todos. Mientras tanto, el país se hunde en una espiral de caos, miedo y desgobierno. Y sí, las organizaciones criminales no solo dominan territorios, también ya cotizan políticamente más alto que el Ejecutivo.
Según la Asociación de Bodegueros, más de 5 mil pequeños negocios han sido extorsionados este 2025, y cerca de mil han tenido que cerrar sus puertas, no por falta de clientes, sino por exceso de amenazas. Bienvenidos a un país donde hacer empresa es considerado un acto temerario, y donde ser bodeguero equivale a tener un blanco en la espalda.
Las historias se repiten: llamadas exigiendo cupos, balaceras de advertencia, rejas reforzadas, placas de acero como escudos caseros. Algunos incluso ponen cámaras, como si eso pudiera disuadir a quienes disparan sin necesidad de mirar. Pero mientras los extorsionadores hacen rondas, el Ministerio del Interior sigue en sus labores más urgentes: actualizar el PowerPoint de su plan de seguridad que nadie conoce y nadie aplica.
¿Y qué dice la presidenta? Nada. No hay plan estratégico contra la violencia, ni siquiera uno improvisado, como los que presenta para justificar su permanencia en el cargo. El Estado no protege, no escucha, no actúa. La minería ilegal la tiene contra las cuerdas, los transportistas anuncian tres nuevos paros, y la delincuencia la rodea con la tranquilidad de saber que nadie los va a interrumpir.
Frente a este panorama, la Asociación de Bodegueros ha tenido que hacer lo que el Estado no: crear una guía de sobrevivencia. Así es, no una política pública, ni una ley, ni una estrategia intersectorial. Una guía. Que enseña cómo denunciar sin que el delincuente obtenga tus datos. Porque en Perú, si denuncias, el Estado te entrega… pero al criminal.
¿Protección de identidad? Con suerte. ¿Abogados de oficio? A veces. ¿Respuesta policial? Mejor compra una alarma. La justicia no llega en patrullero, sino en formato PDF descargable con consejos de supervivencia.
El país se cae a pedazos. No es una metáfora. Es una estadística diaria: cinco mil negocios extorsionados no son solo cifras, son miles de familias atrapadas entre pagar “el cupo” o cerrar para siempre. Y mientras tanto, el gobierno administra el caos con una mezcla de improvisación, ceguera voluntaria y discurso vacío.
Dina Boluarte no tiene un plan de seguridad, ni uno social, ni uno económico. Tiene apenas un guion para justificarse y un equipo de ministros que brillan… por su ausencia en los momentos clave. El Perú está secuestrado por bandas que deciden quién trabaja, quién sobrevive, y quién calla. Y el Estado, en lugar de proteger, apenas observa.
Reflexión final
Una nación no se derrumba solo por las balas. También cae por el silencio de quienes deben proteger. Hoy, miles de bodegueros temen cada llamada, cada moto que se detiene en la puerta, cada sombra que se asoma tras las rejas. El Estado, mientras tanto, duerme bajo la sombra de un árbol seco que alguna vez fue justicia.
Y si alguien cree que esto va a mejorar sin decisiones valientes, sin estrategias reales, sin ética pública, se engaña. La extorsión no es solo un delito. Es el síntoma de un país que ya no distingue entre gobierno y abandono. Y mientras la presidenta sigue perdida entre ceremonias y parches, las mafias gobiernan con puntualidad suiza. Porque si hay algo que nunca falla en este país, es el crimen organizado. Lo demás… es pura decoración.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra