El Perú ya no necesita una novela negra: la realidad ha superado al más oscuro de los guiones. Mientras Dina Boluarte y sus ministros siguen experimentando con el arte del silencio contemplativo, las bandas criminales han tomado el control del transporte urbano en Lima y Callao. Cada día, choferes asesinados, empresas sometidas, y una ciudadanía rehén del miedo y la inacción. ¿El costo? Al menos S/ 10 millones mensuales en pagos extorsivos, según reveló la Cámara Internacional de Transporte (CIT). Pero que nadie se alarme… el gobierno está muy ocupado posando para las cámaras y redactando comunicados tibios. Mientras tanto, el país sigue en piloto automático, con la delincuencia al volante.
“Comenzaron con 10 o 20 empresas. Hoy son más de 340”, declaró Martín Ojeda, vocero de la CIT, en RPP Noticias. Las cifras son escalofriantes: el 80% de las empresas de transporte formal en Lima y Callao está bajo extorsión activa, pagando un promedio de S/ 30 mil mensuales a bandas criminales. En total, S/ 10 millones que fluyen sin pausa hacia los bolsillos del crimen organizado. ¿Y el gobierno? Bien, gracias.
Este problema no surgió de la noche a la mañana. Hace más de un año, comenzaron las denuncias. Hoy, hay empresas que pagan “hasta cinco cupos” a distintas mafias. Una de ellas, según la CIT, desembolsa S/ 68 mil mensuales. ¿Qué empresa puede sobrevivir con esa carga, sin quebrar o sin entregar su servicio al caos? Pero lo más grave es el precio en vidas humanas: 31 conductores asesinados en plena jornada laboral, acribillados por sicarios mientras transportaban a ciudadanos comunes. ¿Hasta cuándo?.
En lugar de combatir frontalmente esta mafia, el Estado parece rendido. La presidenta Dina Boluarte no ha presentado un solo plan integral de seguridad ciudadana en más de un año de gobierno. Su gabinete, tan numeroso como decorativo, tampoco ha logrado articular una estrategia para frenar el avance del crimen organizado. Es más, se diría que el desgobierno ha decidido ceder el timón, mientras los peruanos recorremos —literalmente— rutas de muerte.
En respuesta a esta situación insostenible, los gremios de transporte han anunciado un paro general para el 11 de agosto, liderado por Martín Valeriano, presidente de Anitra. “Ya son 31 choferes muertos”, recordó con indignación. Y si el gobierno aún no reacciona, la Alianza Nacional de Transportistas planea paralizar la capital el 28 de julio, irónicamente, el día de nuestra “independencia”. Una fecha perfecta para recordar que, en el Perú actual, la libertad de trabajar sin ser extorsionado ni asesinado es una utopía.
La escena es clara: las bandas cobran, los empresarios pagan, los choferes mueren y el Estado calla. No se trata solo de transporte. Se trata de gobernabilidad, de seguridad, de la vida misma. Si 10 millones mensuales en extorsiones no bastan para activar las alarmas del Ejecutivo, ¿qué se necesita?. ¿Una masacre en hora punta?. ¿Una línea completa secuestrada por mafias?.
La falta de acción ya no es torpeza: es complicidad por omisión. Porque quien mira sin actuar, quien calla ante el crimen, quien no protege a su pueblo, también es responsable. En este país, la extorsión se institucionalizó mientras el gobierno se institucionalizó en la indiferencia.
Reflexión final
Un país donde las rutas están custodiadas por bandas, donde el transporte urbano está secuestrado por cupos, donde los muertos son estadísticas sin justicia, ya no es un Estado de derecho: es un Estado fallido en tránsito acelerado al abismo. La presidencia, los ministerios, los congresistas… todos parecen estar atrapados en su propia burbuja de impunidad, mientras el pueblo rueda cuesta abajo. A este paso, ni el claxon más desesperado despertará a quienes gobiernan desde el letargo o la comodidad. Pero aquí estamos, escribiendo, denunciando, y —como cada mañana— subiéndonos a un bus con la esperanza de llegar vivos.
Edwin Gamboa, fundador de la caja Negra