Las Fiestas Patrias del 2025 transcurren entre arengas huecas, discursos prefabricados y un Estado que celebra mientras el país se desangra en cada esquina. Esta vez, entre las promesas gubernamentales y los desfiles coreografiados, se cuela una advertencia más urgente: los paros de transportistas. Una medida que no solo refleja el hartazgo de un gremio, sino el colapso progresivo de un país donde el crimen organizado ya no opera en las sombras, sino a plena luz del día y con tarifas mensuales. Mientras el Gobierno intenta fingir que todo marcha, la realidad lo contradice en cada carretera y terminal.
La paradoja es grotesca: el gremio de transportistas paga más de S/10 millones al mes en extorsiones —según cifras oficiales— para poder operar. En un país con más de 350 empresas afectadas, hay rutas completas gestionadas por el crimen. Hay líneas que se rigen por tarifas mafiosas, y hay conductores que trabajan con el corazón en la boca. Pero, claro, nada de esto detiene a un Estado que sigue celebrando “la reactivación”, como si el país no estuviera sitiado por sicarios.
El Gobierno, encabezado por una presidenta con un 3 % de aceptación, parece más interesado en llegar al 28 de julio de 2026 que en gobernar. El Congreso, por su parte, se dedica a blindar y acomodar mientras la calle arde. El desgobierno ya no es una amenaza: es el status quo. Y en ese contexto, los transportistas no hacen política: suplican por sobrevivir.
El paro, ahora reprogramado para el 27 y 28, no será solo una protesta. Será una alerta nacional. Los gremios no solo exigen seguridad: denuncian que el Estado ha sido desplazado por mafias con más eficacia logística. Y no exageran. La extorsión ya no es un fenómeno marginal. Es una industria millonaria que opera bajo la inacción de las autoridades y la desidia criminal de quienes juraron defender a los ciudadanos.
Mientras tanto, la población se debate entre la indiferencia aprendida y el miedo instalado. La fiesta nacional se convierte en un símbolo cruel: celebramos una independencia cada vez más lejana, atrapados por la dependencia a un sistema corrupto y por el terror de las bandas que gobiernan sin haber sido elegidas.
Lo verdaderamente grave no es que los paros no paralicen. Lo alarmante es que ya nadie espera que algo cambie. Hemos normalizado el chantaje, el miedo, la muerte. Que un transportista deba pagar 60 mil soles al mes para no ser asesinado debería escandalizar a todo el aparato estatal. Pero aquí ni se inmuta el Ministerio del Interior, ni se pronuncia Palacio, ni el Congreso sale de su letargo. En ese silencio cómplice crece la impunidad, se enquista la violencia y se apaga la esperanza.
Reflexión final: entre la urgencia y el colapso
Estamos advertidos. Los paros no son solo una reacción sectorial: son la antesala del colapso. La economía, ya golpeada, no resistirá una oleada de huelgas motivadas no por ideologías, sino por miedo puro. El Perú está en la cuerda floja, y la cuerda se afina con cada ataque, con cada extorsión, con cada muerto.
No se puede gobernar mirando el calendario. No se puede legislar ignorando el caos. Boluarte y el Congreso deben abandonar su zona de confort —si aún les queda algo de responsabilidad— y declarar una estrategia nacional de emergencia frente al crimen organizado. De lo contrario, los paros serán apenas el inicio de algo mucho más profundo: una ciudadanía que ya no protesta por política, sino porque está desesperada. Y cuando esa desesperación toma las calles, ya no hay desfile que la detenga.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra