En un país donde los titulares ya no sorprenden, sino que duelen, lo ocurrido en Puno con el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, no es un simple incidente anecdótico. Es el síntoma de una enfermedad crónica: el divorcio irreversible entre las autoridades del Estado y la ciudadanía a la que supuestamente representan. Que el Defensor del Pueblo haya sido abucheado, interrumpido y finalmente desalojado de un encuentro con comunidades campesinas no es un hecho menor. Es, más bien, una poderosa metáfora del hartazgo colectivo. Un acto simbólico, sí, pero cargado de rabia, frustración y cansancio frente a instituciones que han dejado de defender al pueblo para blindar a los poderosos.
De defensor a intruso
Lo que ocurrió en el Encuentro Regional de Comunidades Campesinas fue tan crudo como revelador: un funcionario público llegó para hablar en nombre de los derechos ciudadanos y fue echado por esos mismos ciudadanos. ¿La razón?. Lo consideran cómplice del gobierno de Dina Boluarte, del Congreso y de las grandes mineras. Su discurso no fue escuchado porque, simplemente, ya nadie quiere oír explicaciones, informes técnicos ni declaraciones de buena fe cuando la realidad golpea con violencia y abandono.
Gutiérrez intentó intervenir. Aseguró que los presentes estaban mal informados. Que la Defensoría del Pueblo ha emitido informes, ha hecho gestiones, ha acompañado a las víctimas, ha tomado fotos y firmado oficios. Pero cuando la credibilidad institucional ha tocado fondo, las palabras ya no bastan. Porque, al parecer, el papel puede sostener muchas cosas… excepto la dignidad perdida de quienes fueron asesinados, contaminados o silenciados.
Que la Defensoría haya pasado de ser un símbolo de vigilancia ciudadana a un vocero incómodo de un gobierno impopular es apenas la punta del iceberg. Hoy, los ciudadanos no distinguen entre el Ejecutivo, el Congreso, la Fiscalía, el Poder Judicial o la propia Defensoría. Para ellos, todo es una sola maquinaria ineficaz, lejana y en muchos casos funcional al poder económico y político. Y lo más grave es que puede que no se equivoquen. El país se ha llenado de blindajes y escudos institucionales para proteger a los que mandan, mientras los que sufren siguen sin agua, sin justicia y sin salud.
Un país que abuchea a sus autoridades
Lo ocurrido en Puno es más que una anécdota desafortunada. Es la radiografía de una nación que ya no cree. Un país que abuchea, que expulsa, que desconfía. Que ha dejado de mirar con esperanza a sus representantes porque hace tiempo que no representan nada. Si el defensor del Pueblo no es bienvenido en una comunidad, ¿quién lo es entonces? ¿Quién puede mirar a los ojos a los ciudadanos y hablarles sin ser señalado como parte del problema?.
Reflexión final: El abismo institucional
El Perú vive una crisis que ya no es solo política o económica. Es, sobre todo, una crisis de representación. Y cuando eso ocurre, no hay desfile, informe ni conferencia de prensa que la resuelva. El país está sitiado por bandas criminales, hospitales colapsados, escuelas abandonadas, nutrición en retroceso, territorios controlados por la minería ilegal y, como si eso fuera poco, una clase política que sobrevive con oxígeno prestado hasta el 28 de julio de 2026.
No se trata solo de un gobierno. Se trata de un sistema entero que cruje. Y ante ese panorama, seguir culpando a la “desinformación” de los comuneros es insultar su inteligencia. Lo que se necesita no es pedagogía institucional, sino voluntad política real, estrategias efectivas y, por qué no, una urgente intervención técnica, ética e internacional para evitar que esto termine de explotar.
Porque si hasta el Defensor del Pueblo debe salir por la puerta trasera, es que algo muy profundo ya se rompió. Y en ese quiebre, la democracia —esa palabra tan gastada— puede terminar siendo la próxima en ser desalojada.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra