En un país donde la impunidad es ley y el desgobierno es costumbre, más de 1,200 personas han sido víctimas de trata solo en lo que va del 2025, según la propia Fiscalía de la Nación. Pero no hay por qué alarmarse: Dina Boluarte sigue imperturbable, sin plan de gobierno, sin política criminal integral y sin rastro de voluntad política. El país está tomado —literalmente— por mafias, redes de explotación y grupos criminales transnacionales, pero eso no parece figurar en la agenda oficial… a menos que hablemos de joyas, relojes o vuelos presidenciales.
La trata de personas no es un fenómeno nuevo, ni una desgracia repentina. Es una herida abierta que el Estado ha preferido cubrir con comunicados y comisiones, en lugar de con acciones reales. El 2024 cerró con 2,809 víctimas, y este año promete superarlo, no por eficiencia en el registro, sino por inoperancia en la prevención.
Según la Fiscalía, entre enero y junio de este año, se ingresaron 942 denuncias formales por trata de personas y se identificaron 1,229 víctimas. Cifras frías, que detrás esconden rostros de niñas, adolescentes, mujeres indígenas, migrantes y hombres en situación de vulnerabilidad. La mayoría proviene de zonas rurales empobrecidas —Amazonía, Andes profundos— donde el abandono estatal es más denso que la neblina de Lima en invierno.
Las víctimas no caen del cielo: son captadas mediante falsas promesas de empleo, estudios o una vida mejor, muchas veces con el visto bueno de autoridades locales que miran a otro lado. Y cuando no son cómplices, son indiferentes. Porque acá el verdadero crimen es tener conciencia en una estructura institucional que opera en piloto automático.
La trata no solo se refiere a explotación sexual —aunque sea su rostro más visible—. También incluye explotación laboral, mendicidad forzada, tráfico de órganos y hasta la venta de menores. El Perú es un mercado fértil para todo eso, especialmente cuando el Estado ha tercerizado su rol de garante a ONG, iglesias y colectivos, mientras las redes criminales, como el Tren de Aragua, operan como franquicias regionales.
Sí, hay operativos. Sí, se han rescatado víctimas. Y sí, se han capturado cabecillas como el exfiscalizador Edenilson Rojas Matta, alias ‘Lobo de Huaral’, reincidente en la industria de la extorsión. Pero nada de esto puede considerarse política pública cuando los esfuerzos siguen siendo reactivos, dispersos y limitados.
La Fiscalía, los Centros de Emergencia Mujer, el Programa de Asistencia a Víctimas… hacen lo que pueden. Pero sin un verdadero liderazgo político, con una presidenta que se arrastra con 3% de aprobación según las últimas encuestas, lo que queda es un simulacro institucional en un país gobernado por redes criminales reales.
Los 1,200 casos de trata de este año no son una excepción. Son la norma. Una norma construida a pulso por la desidia estatal, la desconexión de las élites y el blindaje de un gobierno que no gobierna, solo sobrevive. La trata de personas ha dejado de ser una crisis subterránea para convertirse en una tragedia estructural. Pero claro, en Palacio no se escuchan los gritos que vienen desde los prostíbulos clandestinos o los talleres clandestinos. Allá solo se escucha el tic-tac de un Rolex.
No basta con capturar a un “Lobo de Huaral” si el verdadero monstruo es la indiferencia institucional, la fragmentación de políticas y la falta de presupuesto para refugios, reinserción y reparación. Mientras los tratantes innovan en métodos, el Estado sigue archivando planes multisectoriales en alguna gaveta ministerial.
Reflexión final
En el Perú, las personas se trafican con la misma impunidad con la que se archivan denuncias en el Congreso. Y así como la corrupción goza de protección, las víctimas siguen esperando justicia, asistencia y dignidad. ¿Dónde está Dina Boluarte?. ¿Dónde están sus ministros?. ¿Dónde está el plan nacional contra la trata?. En algún lugar entre el desgobierno, la inacción y la más absoluta irrelevancia.
No solo están traficando cuerpos. También están traficando el alma de un país que ha normalizado el horror. Y eso, al final, es el crimen más imperdonable.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra