Mientras el Perú sangra en calles tomadas por extorsionadores, sicarios y mafias con chaleco, nuestro Congreso de la República parece haber decidido que su verdadero rol no es combatir el crimen organizado, sino legislar a su favor. Y no lo decimos nosotros, lo dice nada menos que Human Rights Watch (HRW), una organización que ha puesto el dedo en la llaga con su informe titulado con precisión quirúrgica: “Legislar para la impunidad”.
En otras palabras, mientras usted duerme con un ojo abierto por temor a las balaceras, los congresistas duermen tranquilos blindando a los corruptos, debilitando a jueces y fiscales, y abriendo la puerta —con proyectos de ley bajo el brazo— al crimen organizado que ya no necesita esconderse: ahora se sienta en curules, despachos y, a veces, incluso en el directorio de alguna comisión.
El informe de HRW es lapidario: entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, tras 125 entrevistas y el análisis de 88 normas aprobadas durante el desgobierno de Dina Boluarte, se concluye que el Congreso no solo no lucha contra el crimen, sino que lo alimenta.
¿Pruebas? Aquí va el menú legislativo de la impunidad:
-Reducen plazos de prescripción para delitos de corrupción, para que los ladrones de cuello blanco respiren aliviados.
-Debilitan la figura del colaborador eficaz, para que el silencio vuelva a reinar.
-Imponen trabas absurdas a los allanamientos, exigiendo la presencia obligatoria de abogados.
-Evitan la incautación de bienes mal habidos hasta que haya sentencia firme, como si los culpables fueran a esperarnos con los brazos cruzados.
-Le dan al Congreso el poder de destituir jueces y fiscales, una jugada digna de dictaduras parlamentarias.
-Persiguen ONG que denuncian al Estado, porque claro, nadie debe arruinar la fiesta.
-Castigan la “difamación” y exigen retractaciones públicas en 24 horas, porque en este país el verdadero enemigo es el periodista que dice la verdad.
Todo esto ocurre con la indiferencia absoluta de la presidenta Dina Boluarte, quien —como siempre— no interviene, no lidera, no existe. Su rol es el de espectadora bien remunerada: una jefa de Estado que sobrevive políticamente gracias al pacto tácito con ese Congreso que destruye lo poco que queda de institucionalidad.
Porque hay que decirlo sin rodeos: Boluarte no tiene plan de gobierno, ni estrategia contra el crimen, ni voluntad política para frenar esta demolición legal del país. Y así, el Congreso sigue siendo lo que muchos ya saben: una agencia de empleos con fuero, escándalos y blindaje incluido.
El Congreso ha cruzado el umbral: ya no es solo incompetente o corrupto. Ahora es un actor activo del crimen estructural, un legislador de la impunidad, un codificador del caos. ¿Cómo pedirle al pueblo que confíe en la democracia si quienes legislan trabajan para quienes la destruyen?. El país está secuestrado. Por mafias que disparan y por congresistas que legislan para ellas.
Reflexión final
Hay que ser claros: no hay reforma policial ni militar que funcione si el Congreso sigue blindando corruptos, desactivando a jueces y silenciando a periodistas. El verdadero crimen no está solo en los barrios tomados, sino en los plenos del Congreso, donde la impunidad se vota por mayoría. La ley dejó de ser un escudo para el ciudadano. Hoy, es un arma del criminal.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra