En política, los gestos importan. Y cuando los aplausos se convierten en abucheos, cuando las palmas se sustituyen por gritos de repudio, es porque algo muy profundo se ha roto. Lo ocurrido en Puno, con la expulsión del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, no fue un caso aislado ni una rabieta local. Es solo una muestra —una entre muchas— del rechazo generalizado que enfrentan las autoridades del Estado en todo el país. Ministros que no pueden terminar una visita sin ser escoltados. Congresistas repudiados por sus propias regiones. La presidenta Dina Boluarte recibiendo más insultos que saludos en cada aparición. El mensaje es claro: la ciudadanía no quiere visitas, quiere respuestas. Y lo que debería ser una señal de alerta, sigue siendo ignorado desde el poder.
Desde las alturas de Cusco hasta la selva de Pucallpa, el patrón se repite: cada vez que un funcionario del Gobierno, del Congreso o del aparato estatal se presenta en alguna región, se activa una mezcla de desconfianza, fastidio y repudio. Las autoridades, otrora representantes del pueblo, hoy son vistas como intrusos o provocadores. No solo Gutiérrez fue retirado por comuneros en Puno; ministros han salido apresurados, congresistas han sido acorralados por vecinos furiosos, y Dina Boluarte ha evitado varios viajes por “razones de seguridad”. ¿Seguridad frente a quién?. Frente a un pueblo cansado, defraudado y —peor aún— harto.
Este fenómeno no surge de la nada. Es la consecuencia directa de años de indiferencia estatal, promesas incumplidas, corrupción sin castigo y un desgobierno crónico. Hoy el Perú está jaqueado por bandas criminales, extorsionadores, minería ilegal, narcotráfico y un sistema de salud y educación en ruinas. Mientras tanto, el Congreso se dedica al blindaje, Palacio de Gobierno a la supervivencia política y los ministros a conferencias vacías. Es como si el país real fuera un canal de televisión distinto al que sintonizan los que están en el poder.
El rechazo no es una anécdota, es una advertencia. Una advertencia que se está repitiendo con mayor frecuencia y mayor intensidad. Ya no se trata solo de protestas políticas; se trata de una ciudadanía que no soporta más el abandono, la inacción y el cinismo. Cada grito, cada abucheo, cada pancarta que exige “¡Fuera todos!” es una expresión visceral de una fractura institucional que se profundiza sin que nadie —nadie— desde el poder quiera o sepa cómo atender.
Y lo más alarmante: este rechazo ya no distingue ideologías ni colores partidarios. Apunta contra todo el sistema. Contra un Estado que parece haber sido secuestrado por la ineficiencia, la impunidad y el cálculo mezquino. Si las autoridades siguen interpretando el malestar ciudadano como “desinformación” o “manipulación”, no hacen más que empujar al país hacia un desborde que ya no será simbólico.
Dina Boluarte —la presidenta con menor respaldo en el continente— parece haber asumido que su única misión es llegar viva políticamente al 28 de julio de 2026. Sobrevivir, resistir, aguantar. Pero un país no puede estar en piloto automático durante dos años sin pagar el precio. Y el precio podría ser altísimo.
Si el Ejecutivo no tiene la capacidad técnica, política ni humana para gestionar una salida de esta crisis, lo mínimo esperable sería la humildad para convocar ayuda. Expertos internacionales en mitigación de conflictos, organismos con experiencia en recomposición social, entidades con herramientas reales de intervención. Porque seguir esperando soluciones de quienes no pueden (o no quieren) actuar, solo nos acerca más al borde.
El Perú no puede permitirse otro estallido. Y el Estado ya no puede fingir sorpresa cuando lo expulsan de los espacios donde antes era bienvenido. El país está hablando alto y claro. Si no quieren escucharlo, luego no digan que no fueron advertidos.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra