En el Perú de hoy, el 28 de julio ya no es motivo de orgullo ni de desfile, sino de resistencia. Mientras en el Congreso, la presidenta Dina Boluarte recitaba por más de cuatro horas un mensaje que parecía escrito para una dimensión alterna, en las calles de Lima la realidad ardía: bombas lacrimógenas, enfrentamientos, carteles, detenidos y un pueblo cada vez más indignado. Afuera, el pueblo protestaba por la extorsión, el sicariato, los hospitales colapsados, la minería ilegal, el desempleo juvenil, la violencia y el olvido. Adentro, Boluarte hablaba… de cualquier cosa menos de eso.
Barrios Altos se convirtió en el epicentro de la verdadera rendición de cuentas. Mientras Dina Boluarte ocupaba un estrado blindado —política y literalmente— frente a una treintena de congresistas que apenas disimulaban el bostezo, afuera el pueblo exigía justicia, seguridad, y algo que parezca remotamente un gobierno. En la cuadra 3 del jirón Jauja, cientos de manifestantes intentaban avanzar hacia el Congreso con una sola consigna: “¡Fuera Dina!”. La respuesta del Estado fue inmediata y proporcional… al miedo: gases lacrimógenos, cercos metálicos y represión.
La escena era digna de una distopía criolla: mientras la mandataria hablaba del “orden constitucional”, policías dispersaban a madres, trabajadores, universitarios y colectivos que solo pedían lo obvio: que el Perú no siga siendo gobernado por las bandas criminales. Porque en este país, donde según la Cámara Internacional de Transporte (CIT) se pagan más de 10 millones de soles mensuales en extorsiones y 31 choferes ya han sido asesinados este año, el silencio del gobierno se convierte en complicidad.
Y sin embargo, Boluarte hablaba… y hablaba. El discurso más largo del siglo, pero no el más útil. Ni una sola mención seria a un plan contra el sicariato. Ni una hoja de ruta contra el desempleo juvenil, que según el INEI ya ha dejado a más de 100 mil jóvenes fuera del mercado laboral. Ni una línea concreta sobre la crisis hospitalaria o el colapso educativo. Eso sí: menciones a Pedro Castillo, al “golpe frustrado”, a la institucionalidad democrática que sobrevive más por inercia que por voluntad política.
Como era de esperarse, el hemiciclo no estaba lleno. La mayoría de congresistas optó por evitar el espectáculo. Los presentes no mostraban entusiasmo, y uno, el parlamentario Jaime Quito, se atrevió a hacer lo que todos pensaban: interrumpir con un cartel que decía la verdad que el Ejecutivo ignora. Mientras tanto, el país sufría su propia catarsis: marchas por el cerro San Cristóbal con familiares de víctimas, concentraciones en Juliaca, Tacna, Arequipa, Iquitos. El Perú ya no calla, aunque no lo escuchen.
Dina Boluarte brindó su “mensaje final” ante un país que no la escucha y que, peor aún, no le cree. Fue un intento por maquillar un gobierno que lleva meses funcionando en piloto automático, con ministros sin brújula y con una jefa de Estado que solo parece pensar en cómo llegar al 2026 sin rendir cuentas. Su mensaje no apaciguó a nadie. No propuso nada. No aclaró nada. Y, sobre todo, no resolvió nada. Al contrario, dejó la impresión de que la desconexión entre el poder y la calle es absoluta, total, vergonzosa.
Reflexión final
¿Qué queda cuando el discurso oficial es ignorado por todos, y la protesta ciudadana se convierte en la única vía de expresión democrática? Queda el silencio ensordecedor de un país que ya no tolera el cinismo. Queda el hartazgo acumulado de generaciones abandonadas por los mismos de siempre. Queda un Perú que no necesita más discursos, sino decisiones. No necesita más narrativas oficiales, sino acciones concretas. Y no necesita más presidentes que gobiernen desde la fantasía, sino líderes que escuchen, respondan y actúen.
Pero eso —queda claro— no lo encontraremos en un mensaje de cuatro horas. Mucho menos en uno que, en lugar de rendir cuentas, pretende ocultar que el país está gobernado por el crimen, la impunidad y la indiferencia.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra