La justicia tarda, pero la gente no. Mientras en los pasillos del Congreso se intercambian favores y en Palacio se ensayan discursos para las Fiestas Patrias, el Perú entero ya decidió el epílogo del gobierno de Dina Boluarte: no será con aplausos ni flores, sino con grilletes o boletos sin retorno. Y no lo dice un grupo radical ni una marcha espontánea; lo confirma una encuesta nacional de CPI, seria, con metodología y margen de error. Según el estudio, el 50,7% de peruanos cree que Boluarte terminará en la cárcel. Y si sumamos a los que piensan que será investigada, procesada, denunciada o que escapará del país, el consenso se vuelve lapidario: la presidenta más impopular del planeta es también la más desahuciada políticamente.
Este no es un fenómeno nuevo, pero sí inédito en intensidad. El desprestigio de los presidentes peruanos ha sido una tradición nacional en los últimos 40 años. Sin embargo, Dina Boluarte ha conseguido, en tiempo récord, pulverizar todos los niveles de aprobación, legitimidad y credibilidad posibles. Apenas el 0,3% de los ciudadanos considera que es «muy capaz» para gobernar. Para ponerlo en perspectiva: ese porcentaje es menor que el margen de error de la encuesta, lo que en términos estadísticos podría significar que ni su equipo de confianza la respalda.
En su reciente mensaje a la Nación, Boluarte se presentó como víctima de una conspiración fiscal, sin mencionar que en su entorno hay ministros investigados, exfuncionarios procesados y colaboradores eficaces que desfilan en los pasillos del Ministerio Público. Mientras el país está jaqueado por mafias de extorsión, sicariato, minería ilegal y bandas que controlan territorios, el gobierno no tiene plan ni brújula, solo sobrevive contando los días para el 28 de julio del 2026.
Y mientras la inseguridad cobra más de 5 mil homicidios desde que asumió el poder, según SINADEF, y la inflación golpea los bolsillos de los más pobres, el Ejecutivo decide triplicarse el sueldo y lucir relojes que ni un CEO europeo osaría comprarse con su propio dinero. ¿Estrategia de gobierno? Solo para su propio beneficio.
Volvamos a la encuesta: el 10,5% de los peruanos cree que Dina se fugará o se esconderá, como algún prófugo ilustre que todos conocemos. Otro 9,4% considera que será enjuiciada; el 3,8% espera múltiples denuncias; el 2,2% cree que pedirá asilo; y apenas un 0,4% (ese 1 entre 250 encuestados) piensa que no le pasará nada. En suma, el 99,6% de los ciudadanos ya no ve en ella una lideresa, sino una procesada en espera.
Y esta percepción no surge del capricho, sino de una acumulación sistemática de escándalos, negligencias e indiferencia institucional. Porque la verdadera catástrofe no es solo la persona de Boluarte, sino el sistema político que la sostiene, la blinda y la normaliza. Un Congreso que legisla para sí mismo, una Fiscalía cuestionada, una policía superada, y un Estado secuestrado por mafias que dictan las reglas desde los penales, las regiones o las oficinas con aire acondicionado.
La pregunta ya no es si Dina Boluarte podrá gobernar, porque no gobierna. Tampoco es si será reelegida, porque ni su sombra votaría por ella. La única duda real es si se quedará a enfrentar la justicia o si abordará el avión antes de que le cancelen el pasaporte. El Perú del 2025 no espera reformas ni liderazgo de su presidenta; espera justicia, reparación y una rendición de cuentas que hasta ahora solo existe en la imaginación popular.
Y en esa imaginación, según la encuesta de CPI, ya no hay lugar para la duda: la presidenta no se despide con honores, sino con requisitoria.
Reflexión final
El verdadero mensaje a la Nación no se da desde el estrado del Congreso, sino desde las calles, los hogares, los mercados y los buses, donde cada ciudadano ha sentenciado, sin toga ni martillo, el fracaso rotundo de esta presidencia. Dina Boluarte es ya, para millones, la expresión máxima de la desconexión, el abuso y la impunidad.
En un país donde la desconfianza es política de Estado, el pueblo solo confía en su memoria. Y esa memoria no olvida las muertes, la represión, las joyas, los decretos ni la ausencia de respuestas. No es venganza ni exageración. Es justicia anticipada ante un poder que hace tiempo renunció a merecerla.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra