En el Perú, la justicia para las víctimas de trata de personas es una ficción cruel. Dieciséis años después de haber saltado desde una azotea para escapar del infierno, Jhinna Pinchi sigue esperando que el Estado cumpla su parte del trato: proteger, reparar, dignificar. Pero en este país en caída libre, donde los extorsionadores escriben la ley, los narcos dictan las reglas y los políticos sobreviven aferrados al poder, las sobrevivientes tienen que reconstruirse solas. Porque si hay algo más peligroso que una red de tratantes, es un Estado ausente, negligente y profundamente hipócrita. Dina Boluarte y su elenco de ministros de utilería miran hacia otro lado, firmes en su estrategia de resistir hasta el 28 de julio de 2026 con la cabeza agachada y la conciencia anestesiada.
Más del 90% de los acusados por trata de personas sigue impune. Más del 90%. En cualquier país decente eso sería un escándalo. Aquí apenas es una estadística más entre el desfile de tragedias. Y mientras la presidenta colecciona cintillos y poses diplomáticas, miles de mujeres como Jhinna sobreviven al abandono institucional. No hay seguimiento, no hay reparación, no hay justicia. Hay discursos, sí. Planes bonitos, también. Pero los albergues no se construyen con powerpoints ni las terapias psicológicas se pagan con promesas.
El Estado ha convertido la reintegración de las víctimas en un laberinto kafkiano: programas inoperantes, psicólogos que no existen, becas que se esfuman, abogados sin formación, refugios improvisados y una burocracia que re-victimiza a quien se atreve a denunciar. Los fiscales cierran carpetas con una facilidad sospechosa, los jueces aplican penas suspendidas, los culpables se esfuman, y los ministros se encogen de hombros. ¿El resultado? Un país donde denunciar puede costarte la vida, y callar parece la única forma de sobrevivir.
La historia de Jhinna Pinchi no es un caso aislado. Es un espejo brutal de lo que somos: un país con leyes que no se cumplen, planes que no se implementan y un Poder Judicial que actúa con una mezcla letal de cobardía, ignorancia y desdén. El delito de trata ha evolucionado. Se ha adaptado. Ahora se camufla en entregas por delivery, se esconde en bares ambulantes, seduce por redes sociales, recluta con becas ficticias y prospera donde el Estado simplemente no llega. O peor aún, donde llega y hace como que no ve.
Piura, por ejemplo, sigue siendo una zona caliente para la trata. Pero no tiene un albergue especializado. Lo más parecido es una sala para cuatro personas con un límite de 48 horas. Un insulto. Un guiño macabro a las redes criminales que saben que pueden operar impunemente. Porque mientras ellas crecen, el presupuesto para luchar contra la trata se ha reducido en un 64% desde 2015. Pasamos de 14 millones a cinco. Parece que la vida de una mujer vale menos cada año.
Jhinna ha sido orientadora judicial, ha asesorado a otras víctimas, ha dado charlas. Pero ni siquiera así ha logrado acceder a un sistema de salud digno, a un plan de reinserción laboral real o a un Estado que se interese en saber si está viva o muerta. La ministra de la Mujer asegura tener convenios para impulsar la reintegración. Convenios que, como las sentencias, duermen el sueño eterno en algún cajón ministerial. ¿De qué sirve tanto papel si la víctima tiene que pagarse su cirugía, criar a sus hijos sola y lidiar con las secuelas sin ayuda de nadie?
La historia de Jhinna no es solo una tragedia personal. Es un acta de defunción del Estado peruano como garante de derechos. Aquí las víctimas no solo son olvidadas: son condenadas a vivir en un eterno día después, donde el castigo nunca llega, la ayuda nunca aparece y la justicia es solo un eco lejano en los titulares. Mientras tanto, los culpables siguen libres, los fiscales callan, los jueces dudan, los ministros posan y Dina Boluarte suma días como quien marca rayas en la pared de una celda.
El país no está en emergencia. Está en estado terminal. No por falta de recursos, sino por exceso de cinismo.
Reflexión final
La trata de personas no es solo un delito. Es una herida que sangra todos los días en las periferias, en los prostíbulos clandestinos, en los bares camuflados, en las promesas falsas que captan niñas con hambre y mujeres con sueños. Y mientras el Estado siga jugando a ser espectador, la impunidad se fortalecerá como la única política pública realmente efectiva. Dina Boluarte tiene 364 días más para fingir que gobierna. ¿Qué harán las víctimas mientras tanto?. Sobrevivir, como siempre, solas. Porque en este país roto, el verdadero castigo es haber sido víctima.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra