El Perú no vive una ola de criminalidad. Vive bajo su dominio. Extorsiones, asesinatos por encargo, cobro de cupos y territorios bajo control mafioso ya no son excepciones: son parte del paisaje nacional. Y mientras tanto, el Estado observa, balbucea, improvisa. Lo que antes se llamaba «crimen organizado» hoy parece ser el único actor verdaderamente organizado en el país. La delincuencia avanza con estrategia. El Estado retrocede con excusas.
La realidad es tan brutal como cotidiana. Las bandas extorsivas han logrado lo que ningún gobierno reciente: ordenarse, expandirse y volverse eficientes. Han penetrado mercados, colegios, obras públicas, transportes, municipios, hasta puestos de salud. En tanto, las fuerzas del orden mendigan presupuesto, los comisarios hacen colectas para combustible y los ministros duran lo que un parte policial mal redactado.
El problema no es solo la violencia, sino la complicidad institucional que la tolera, la burocracia que la ignora y el desgobierno que la alimenta. Mientras los ciudadanos son asesinados por no pagar cupo, la presidenta Dina Boluarte destina más de 3,500 millones de dólares para comprar aviones de guerra. ¿Para quién son esos aviones?. ¿Para combatir al crimen organizado que ya se apoderó de barrios enteros?. ¿O para llenar de titulares grandilocuentes un gobierno vacío de dirección y credibilidad?.
La escena nacional es de espanto. Un país jaqueado por extorsionadores, invadido por mineros ilegales, colapsado en salud, abandonado en educación y carcomido por la corrupción. Y el gobierno responde con discursos de cuatro horas y promesas de aviones. No hay plan nacional de seguridad, no hay reestructuración del sistema judicial, no hay medidas urgentes contra las mafias que se han vuelto dueñas del miedo. Solo hay marketing oficial.
El Congreso, por su parte, hace lo suyo: legisla a favor de impunidades, blindajes y acomodos. Lejos de ser un contrapeso, es el complemento perfecto del desgobierno. Una institución sin vergüenza que contribuye a la descomposición con entusiasmo cívico.
El ciudadano, mientras tanto, sobrevive. Evita salir de noche, cambia de ruta, instala cámaras, paga por seguridad privada. Ya nadie llama a la Policía: o no llega o llega tarde. La justicia ha dejado de ser una garantía. El miedo, en cambio, es puntual, eficiente y cotidiano.
En este país, las mafias están de pie y el Estado de rodillas. La delincuencia cobra cupos. El gobierno cobra impuestos. La diferencia es que el crimen, al menos, ofrece protección. El Estado ya ni eso. Nos gobierna la inercia, y la presidenta solo parece interesada en llegar al 28 de julio de 2026. Pero, ¿qué quedará del Perú para entonces?.
Reflexión final
Si las autoridades no tienen capacidad, voluntad ni lucidez para enfrentar esta crisis estructural, que lo digan. Que renuncien o que busquen ayuda internacional. Pero que no nos sigan vendiendo humo con radares, helicópteros y discursos vacíos mientras el país se desangra. No hay gobernabilidad cuando el miedo dicta la agenda. Y no hay democracia cuando el crimen reemplaza al Estado. El Perú no merece vivir bajo extorsión ni ser administrado por la negligencia.
Porque cuando el crimen organiza y el Estado desorganiza, el abismo se convierte en destino. Y ya lo estamos mirando desde adentro.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra