Mientras el Perú se desangra en cada esquina por culpa de las mafias, las extorsiones, los secuestros y los asesinatos, el Estado —ese ser etéreo que solo aparece para cobrar impuestos— ha encontrado una forma creativa de combatir el crimen: comprar cámaras corporales por casi 4 millones de soles y dejarlas bien guardaditas en cajas dentro de las comisarías. Brillante estrategia. Porque, claro, nada asusta más al crimen organizado que un dispositivo de vigilancia… sin batería, sin uso y sin intención de usarse.
En una república donde los delincuentes patrullan con más soltura que la propia policía, las cámaras corporales eran la promesa de una modernización esperada. Transparencia, control, evidencia, derechos humanos. Todo eso cabía en un aparato pequeño colgado al uniforme del efectivo. Pero en el Perú del desgobierno, lo que brilla se guarda. No vaya a ser que funcione.
Más de 3.8 millones de soles invertidos en tecnología que no se usa. Cámaras que deberían grabar intervenciones, frenar abusos y proteger a los ciudadanos de los excesos (de un lado o del otro), hoy se encuentran bien embaladas. Una metáfora perfecta del país: todo se compra, nada se implementa. Todo se anuncia, nada se cumple. Todo se graba, pero con el lente del celular del extorsionador.
Y mientras esas cámaras reposan en la sombra, las calles se iluminan con las balas. Las bandas organizadas imponen su ley a ritmo de ráfaga. La minería ilegal tiene sus propios «territorios liberados», el narcotráfico avanza a paso firme, y los sicarios ya ni se esconden: actúan a plena luz del día, sin apuro, sin miedo, sin oposición.
¿Y el gobierno?
Bien, gracias. Dina Boluarte sigue su gira global, coleccionando saludos protocolares y escapando —al menos unas horas— del desgobierno que ella misma preside. Con un gabinete que cambia más que el clima limeño, sin plan nacional de seguridad, sin voluntad política real, el Ejecutivo parece más una oficina de turismo que una institución al mando de una nación en crisis.
Pero no está sola. Tiene un Congreso cómplice que legisla a favor de sus propios intereses, blindajes y privilegios. Entre todos, han llevado al país a su peor momento institucional en décadas. Y no lo dicen los agoreros de siempre, lo grita la calle: insegura, colapsada, empobrecida, desprotegida.
Las cámaras están en cajas. El crimen está en las calles. El presupuesto está gastado. Y el país, al borde del abismo. No se trata solo de un error logístico o un problema administrativo. Se trata de un modelo de gestión que elige no ver, no escuchar, no actuar. Un Estado que guarda las herramientas que podrían protegernos, mientras nos deja expuestos al caos y al miedo.
Reflexión final
En un país donde las cámaras no graban, pero la violencia no descansa, hay una sola conclusión posible: nos gobiernan desde la oscuridad, pero con facturas oficiales. Porque si la seguridad pública tuviera voz, estaría gritando desde la caja de una comisaría, al lado de una cámara apagada, pidiendo que alguien —al menos uno— se atreva a sacar al Perú del piloto automático. Aunque sea, que lo intente.
Pero no. Aquí todo queda archivado. Hasta la esperanza.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra