En el Perú, las tragedias no se anuncian, se encadenan. La minería ilegal nos ahogó en mercurio, la delincuencia organizada nos cercó con extorsiones y sicariato, y ahora la pesca ilegal amenaza con convertirse en la nueva plaga nacional. La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) lanza la advertencia: si el Gobierno sigue sumergido en su letargo —o más bien, en su calculada indiferencia—, el mar dejará de ser fuente de vida para convertirse en caldo de cultivo de mafias. Entre tanto, Dina Boluarte y el Congreso parecen más concentrados en blindarse mutuamente que en rescatar un país que se hunde.
Jessica Luna, presidenta de la SNP, ha hecho sonar la sirena de emergencia: la pesca ilegal ya mueve más de 500 millones de dólares al año en pérdidas económicas, pero su impacto va mucho más allá de los números. Se pesca con explosivos, se construyen embarcaciones ilegales, se lava dinero, se alimenta la extorsión, el sicariato y todo ese ecosistema criminal que hoy controla calles, carreteras… y pronto, mares. Las zonas más golpeadas son Ica, Chimbote, Paita y Piura, donde el Estado solo se asoma para la foto, pero no para combatir de verdad a las mafias.
El problema no es nuevo. Produce ha identificado 14,000 embarcaciones artesanales fuera del radar satelital —casi el 80% de la flota—, un espejo del patrón de la minería ilegal: lo formal es minoría y lo ilegal es ley. Se intentó instalar control satelital, pero las “resistencias” no son de carácter cultural, sino criminal: quien vive de depredar el mar no quiere que sepan dónde pesca, qué roba ni a qué organización responde.
Mientras tanto, la cadena de males nacionales se refuerza: extorsionadores que cobran cupos en muelles, sicarios que ajustan cuentas en altamar, narcotráfico que aprovecha rutas marítimas, hospitales sin medicinas, colegios sin maestros, y un Congreso más preocupado por repartirse comisiones que por legislar contra la criminalidad. Dina Boluarte, con una agenda política centrada en sobrevivir hasta el 28 de julio de 2026, parece creer que estos problemas pueden esperar… o hundirse por sí solos.
Lo irónico es que el sector formal de la pesca demuestra que sí se puede hacer bien las cosas: 2.47 millones de toneladas de anchoveta capturadas en la primera temporada, 250 mil empleos formales y un aporte del 1.5% al PBI nacional. Pero esa parte exitosa es tratada como pariente incómodo, mientras el verdadero banquete lo tienen las mafias que faenan sin control.
La pesca ilegal no es un tema menor, ni un “problema de pescadores”. Es un síntoma más de un Estado capturado por su propia inacción y por redes criminales que avanzan del campo al río, del río al mar y del mar a las instituciones. Lo que hoy ocurre en Paita o Chimbote no es muy distinto a lo que pasó en Madre de Dios con la minería ilegal: primero tolerancia, luego complicidad, finalmente pérdida total de control.
Reflexión final
Un país que no cuida sus mares tampoco cuida su democracia. Si dejamos que la pesca ilegal se instale como nuevo imperio criminal, estaremos aceptando que el crimen tiene más capacidad de gestión que el propio Gobierno. Y entonces ya no habrá diferencia entre la minería ilegal, la pesca ilegal y la política: todas serán parte del mismo cardumen, nadando en aguas turbias, alimentándose de un Estado que, por omisión o conveniencia, se ha convertido en el océano perfecto para que el delito se reproduzca sin control.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra