En teoría, Procompite nació para que los emprendedores de las regiones del Perú pudieran competir, crecer y generar desarrollo. En la práctica —al menos en La Libertad— se convirtió en un modelo de negocios paralelo, donde la competitividad no se medía en innovación o productividad, sino en la capacidad de pagar “peajes” a funcionarios cercanos al poder. Bajo la gestión de César Acuña, la palabra “cofinanciamiento” adquirió un nuevo significado: cofinanciar al político y a su entorno.
El programa político, Cuarto Poder encendió las cámaras y las alarmas: dos concursos Procompite en La Libertad, con un presupuesto de S/58 millones (S/25 millones en 2023 y S/33 millones en 2024), fueron anulados por la propia autoridad regional. ¿La razón? Un catálogo de irregularidades que haría sonrojar a cualquier manual de gestión pública: expedientes inexistentes, documentos ilegibles, terrenos sin título, cotizaciones armadas y, lo más grave, denuncias de cobros ilegales.
El actor principal de este libreto es Juan José Fort Cabrera —coordinador político provincial de Trujillo por encargo directo de Acuña, exgerente regional de Producción y presidente del Comité Seleccionador de Procompite—, acusado de pedir pagos que oscilaban entre S/5,000 y S/25,000 para asegurar el acceso a fondos públicos. Los empresarios no solo hablaron: mostraron vouchers, cuentas y hasta detallaron las reuniones, como la de Alfonso León, presidente de la Galería Plaza Toro, a quien le pidieron S/5,000 en una pollería.
El esquema, según testimonios, funcionaba con precisión: Fort operaba desde la cima, y Johnny Carranza Mejía —su intermediario— recaudaba el dinero. Miguel Ángel Until, empresario textil, contó que entregó S/25,000, ganó el concurso y aun así su trámite se paralizó. Linda Quiroz pagó S/5,000 esperando la compra de una máquina de S/242,000; lo único que recibió fue una llamada de cortesía y el silencio posterior.
El informe legal del 14 de abril de 2025 del propio Gobierno Regional confirmó lo que todos sospechaban: el comité incumplió su deber, dañó el interés público y dejó en el aire 142 planes de negocio. El 8 de mayo, la Gerencia General anuló todo el proceso y ordenó volver a la etapa inicial. En cualquier otro país, esto habría derivado en renuncias masivas y sanciones inmediatas; en el Perú, derivó en un anuncio de Acuña prometiendo que el programa continuará “con normalidad”.
Cabe recordar que este no es un hecho aislado. En 2024, un reportaje del mismo Cuarto Poder reveló que la gestión de Acuña adjudicó una obra hospitalaria de S/194 millones a un empresario sin experiencia. El patrón es evidente: las grandes cifras, los funcionarios cercanos y la opacidad son parte del ADN administrativo.
Mientras todo esto pasaba, César Acuña ya acumulaba más de 145 días de vacaciones del cargo de gobernador. La competitividad, al parecer, también aplica para el descanso.
Procompite, en La Libertad, terminó siendo el espejo de la política regional: programas creados para apoyar al ciudadano convertidos en plataformas de recaudación informal para los amigos del poder. La competitividad, como concepto, fue secuestrada y reemplazada por la habilidad de “negociar” con el comité de selección.
Reflexión final
La Fiscalía Anticorrupción y la Contraloría tienen todo: nombres, montos, modus operandi, fechas y pruebas. Si aun así este caso termina en el archivo, quedará claro que la competitividad real en el Perú no está en los mercados ni en los talleres, sino en el concurso por ver quién roba más rápido antes de que suene la palabra “justicia”. En La Libertad, Procompite demostró que el único proyecto realmente financiado fue el de perpetuar la impunidad.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra