Dos aspirantes a Palacio, dos administraciones que cierran con rastro de pólvora fiscal. César Acuña y Rafael López Aliaga renunciaron para competir en 2026; detrás, La Libertad con actividad productiva a la baja e inversión pública lenta, y Lima con una deuda que crece como bola de nieve. No es casualidad: cuando la campaña empieza, la caja tiembla y los contratos se vuelven papel mojado. La pregunta es incómoda y urgente: ¿quién paga el costo de la “valentía” electoral?
En el norte, La Libertad fue noticia más por extorsiones y minería ilegal que por empleo. Entre 2021 y 2024, las pérdidas por delincuencia sumaron S/493 millones. En el segundo trimestre, la economía regional cayó 1.5% arrastrada por pesca (-77.7%), minería e hidrocarburos (-19.7%), manufactura (-3.8%) y telecomunicaciones (-1.9%). La inversión pública, en lugar de contrapesar el bache, se contrajo 27.1% en julio; y, pese a un PIM de más de S/857 millones, solo se ejecutó 57.1% al 17 de octubre. Ambiente (21.7%) y turismo (28%) son metáforas perfectas: naturaleza y desarrollo, a media asta. ¿Gestión o abandono con megáfono?
En Lima, el avance de gasto (73.5% al 17 de septiembre) luce en vitrina, pero el sótano fiscal cruje. El Consejo Fiscal alertó deterioro: endeudamiento por encima de la capacidad de ingresos propios. La deuda municipal cerró 2024 en S/3,454 millones y, con la tercera emisión de bonos por S/1,300 millones, bordea S/4,754 millones. A eso se suman arbitrajes perdidos —como Rutas de Lima— que podrían inflar la cuenta. El eslogan prometía orden; la contabilidad muestra hipoteca.
Los expertos coinciden en lo básico: el cambio de autoridades no debería frenar la inversión si hay servicio civil profesional, reglas claras y contratos respetados. Pero ahí está el agujero: alta rotación, improvisación y tentación de “revisarlo todo” para la tribuna. Sin institucionalidad, cada firma es una granada con el seguro puesto.
Acuña y López Aliaga ofrecen futuro, pero dejan presente en rojo y promesas por cobrar. La campaña vende soluciones exprés; los balances enseñan inercias, deudas y ejecución insuficiente. La política no se mide por likes ni conferencias: se mide por indicadores, contratos honrados y presupuestos trazables.
Reflexión final
La ética también es fiscal. Si quieren gobernar, que empiecen rindiendo cuentas de lo que ya dirigieron: metas incumplidas, deudas asumidas y arbitrajes perdidos. Menos épica de tarima y más ingeniería de Estado. Porque la democracia es elegir proyectos, no heredar bombas activadas con calendario electoral.