Un estudio publicado en The Lancet alerta que más de uno de cada siete adultos en América Latina y el Caribe vive con enfermedad renal crónica (ERC). La prevalencia ajustada por edad ronda el 15,4% y la mortalidad ha aumentado con fuerza desde 1990. No es solo una cifra epidemiológica: es un espejo de desigualdades, sistemas de salud fragmentados y decisiones políticas que postergan la prevención.
La ERC progresa sin ruido en sus etapas iniciales y, cuando da la cara, suele ser tarde. Países como Haití, Panamá, México y Costa Rica figuran entre los más afectados; Nicaragua registra picos de mortalidad. Colombia, Perú y Argentina ocupan una franja intermedia que no debe tranquilizar: la carga crece. Detrás hay factores conocidos —diabetes, hipertensión, obesidad—, pero también determinantes estructurales: pobreza, subdiagnóstico, acceso limitado a diálisis y trasplantes, y cobertura financiera insuficiente.
La ciencia ofrece herramientas simples y costo-efectivas: creatinina sérica para estimar la función renal y búsqueda de albúmina en orina como señal temprana de daño. Falta que sean políticas públicas obligatorias en atención primaria para personas en riesgo (mayores de 40 años, diabéticos, hipertensos, obesos y trabajadores expuestos a calor extremo). El estudio también advierte sobre una variante de causa desconocida que golpea a comunidades agrícolas de Centroamérica, probablemente vinculada a estrés térmico y toxinas. Ignorar el componente ocupacional y climático es negar la realidad.
Combatir la ERC exige coherencia: guías clínicas nacionales con metas de pesquisa, compras públicas de tiras y reactivos, registros obligatorios, incentivos por detección temprana, y redes de nefroprotección en el primer nivel. A la par, políticas de reducción de sal y azúcar, control de bebidas ultraprocesadas, entornos que promuevan actividad física y protección laboral frente a calor y deshidratación. Transparencia en la asignación de cupos de diálisis y trasplantes es innegociable: sin trazabilidad y auditorías, se perpetúan inequidades.
La ERC es un termómetro del desempeño estatal: cuando las muertes suben pese a contar con pruebas baratas y tratamientos conocidos, el problema no es la biología, es la gestión. Prevenir es más humano y más barato que dializar.
Reflexión final
Defender la vida implica anticiparse. Si los presupuestos siguen priorizando la urgencia sobre la prevención, América Latina continuará perdiendo silenciosamente función renal y capital humano. La ética pública hoy se mide en mililitros por minuto: detectar temprano, tratar a tiempo y garantizar acceso justo.