La revelación de que Donald Trump ofreció a Nicolás Maduro un salvoconducto para exiliarse “en Rusia u otro país” a cambio de su renuncia inmediata vuelve a situar a Venezuela en el centro de una peligrosa encrucijada geopolítica. El mensaje es claro: o salida negociada del líder chavista o aumento de la presión política, económica y militar. Pero detrás del pulso entre Washington y Caracas hay un actor que no puede seguir siendo espectador: el pueblo venezolano, que lleva años pagando el costo de las decisiones de las élites.
Según los reportes, la propuesta incluía un paso seguro para Maduro, su esposa Cilia Flores y su hijo, a cambio de abandonar el poder. A la vez, se rechazó la idea del régimen de ceder el control político formal, pero conservar el mando de las Fuerzas Armadas, un esquema similar al nicaragüense de los años noventa. Es decir, Washington busca una transición donde el núcleo duro del chavismo no conserve el poder real; Caracas intenta blindarse garantizando su influencia militar.
En paralelo, la Casa Blanca cierra el espacio aéreo sobre Venezuela, intensifica operaciones antinarcóticos en el Caribe con decenas de muertes reportadas y eleva el lenguaje de “última oportunidad” para evitar una escalada militar. Aunque el propio senador Markwayne Mullin afirma que no se enviarán tropas, la sola idea de “operaciones terrestres” en evaluación recuerda los peores capítulos de intervencionismo en la región.
Por su parte, el régimen venezolano denuncia una operación de “cambio de gobierno” encubierta. Pero su propio historial —crisis humanitaria, persecución política, deterioro institucional, violaciones de derechos humanos— debilita cualquier pretensión de legitimidad moral. La población queda atrapada entre un gobierno autoritario que se aferra al poder y una potencia que utiliza sanciones y presión militar como instrumentos de política exterior.
El riesgo es evidente: que la discusión se reduzca a dónde se exilia Maduro y no a cómo se garantiza una transición con verdad, justicia, reparación a las víctimas y reconstrucción democrática. Un acuerdo que solo proteja a las cúpulas, sin rendición de cuentas ni participación ciudadana, sería otra forma de impunidad.
El ultimátum de Trump no debe analizarse solo como jugada táctica, sino como síntoma de una profunda crisis: la incapacidad de los actores internos de Venezuela para construir una salida negociada, y la disposición de actores externos a decidir el futuro del país desde cálculos estratégicos propios. Ni la amenaza de fuerza ni la autoamnistía encubierta son salidas aceptables.
Reflexión final
Venezuela no necesita pactos entre élites ni soluciones dictadas desde lejos, sino un proceso que coloque en el centro a las víctimas de la violencia, a los millones de migrantes y a quienes resisten dentro del país. Cualquier acuerdo que ignore su voz puede resolver un conflicto entre líderes, pero no sanará una nación fracturada. Y eso, tarde o temprano, siempre pasa la factura.