El anuncio de un posible paro de transportistas en 2026 no debería leerse como un pulso gremial más, sino como una alarma nacional: las mafias están administrando el derecho a trabajar en Lima y Callao. Si el “cupo” se triplica y la violencia marca las rutas, estamos ante un impuesto criminal que funciona a la vista de todos. En ese escenario, el gobierno de José Jerí cumple más de tres meses sin articular un Plan Nacional de Lucha contra la Criminalidad capaz de convocar a sectores, fijar metas y mostrar resultados. Eso no es mala suerte: es incapacidad de conducción.
La radiografía es brutal y repetida. El 2025 dejó 121 ataques y al menos 73 transportistas asesinados, cifra que los gremios estiman incluso mayor si se considera a mototaxistas, colectiveros y camioneros. La consecuencia social fue inmediata: protestas constantes, paralizaciones y un promedio inquietante de “un paro al mes”. La violencia no fue “hechos aislados”: incluyó balaceras a buses al final de ruta, atentados con pasajeros a bordo, amenazas diarias por mensajes y, en el extremo, una granada dentro de un bus. Y ahora, en 2026, el patrón se actualiza con una palabra que duele: tarifa. Los extorsionadores han convertido el miedo en una línea de cobro: de S/ 10 a S/ 30, o más, para seguir vivos.
El país en piloto automático
Cuando un conductor debe pagar para no morir, el Estado ya perdió una parte del territorio. Y cuando la respuesta oficial se limita a reuniones, coordinaciones y promesas de investigación, lo que se instala es una sensación corrosiva: la autoridad llega siempre después. Los transportistas lo dicen con crudeza: “siguen pagando y los asesinatos siguen”. La frase no es un eslogan, es un diagnóstico: se trabaja bajo extorsión y se gobierna con parches.
En vez de un plan integral, se ha normalizado la fórmula de emergencia: declarar estados de emergencia, rotar mandos, anunciar operativos, y esperar que el delito “se calme”. Pero la extorsión no se calma: se organiza, calcula y escala. Si no hay inteligencia, persecución financiera, control real de armas y motos, protección focalizada por corredores críticos y coordinación efectiva con Fiscalía y Poder Judicial, el “cupo” seguirá funcionando como una aduana clandestina. Y la ciudadanía seguirá pagando dos veces: con pasaje más caro y con miedo.
Responsabilidad política y ética pública
La incapacidad de convocar a todos los sectores para un plan nacional es el núcleo del fracaso. Seguridad no es solo policía: es transporte, municipios, justicia, regulación, prevención, tecnología y recursos. Si el Gobierno no lidera esa mesa —con cronograma, presupuesto y responsabilidades—, el mensaje es devastador: “arréglense como puedan”.
El paro de 2026 no sería el origen del problema; sería la consecuencia de una realidad intolerable: mafias cobrando por dejar trabajar mientras el Estado administra titulares. La salida exige decisiones medibles y urgentes: golpear a las redes de cobro, proteger rutas con estrategia y no con improvisación, y construir un plan nacional serio que rinda cuentas semanalmente. Porque hoy la pregunta es simple: ¿manda la ley o manda la “tarifa”? Y cada día sin respuestas acerca al país a una colisión anunciada. (Foto: Diario el Popular).