La noticia no es solo que exista una ley polémica. La noticia —y el escándalo institucional— es que un congresista pretenda presionar al Poder Judicial para que la aplique bajo amenaza de sanciones. Cuando Fernando Rospigliosi remite un oficio a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial para “actuar” contra jueces que no apliquen la Ley 32107, lo que se intenta no es ordenar el sistema: se intenta domesticarlo. Y cuando la presión política se mete por la puerta de la disciplina, lo que se pone en juego no es una interpretación legal, sino el principio básico de una república: la independencia judicial.
De acuerdo con lo informado por Diario La República, Rospigliosi intensificó su exigencia de que se aplique la Ley 32107 —norma aprobada en 2024— que limita el alcance de los delitos de lesa humanidad a hechos ocurridos a partir de 2002. Su oficio plantea que, si un juez inaplica la ley, podría incurrir en responsabilidades funcionales. Es decir: se instala la idea de que no aplicar una ley (en el marco del control difuso y en un caso concreto) debería ser castigado. En paralelo, desde el propio Poder Judicial se defendió públicamente el control difuso, recordando que los jueces no son apéndices de ningún poder y que no pueden convertirse en herramientas de impunidad ni de persecución.
Aquí conviene decirlo con claridad: el control difuso no es un capricho judicial, es un deber constitucional cuando una norma entra en conflicto con la Constitución y con los estándares internacionales que el Estado ha aceptado. Por eso, presionar para que no se use —o insinuar sanciones para quienes lo ejerzan— es una forma de intimidación institucional. Cambia el rol del juez: de garante de derechos a ejecutor temeroso. Y cambia el rol del Congreso: de legislador a supervisor de castigo. Esa es la pendiente resbaladiza.
La Ley 32107, además, toca un nervio ético: abre la posibilidad de que delitos de lesa humanidad —por su naturaleza, gravedad y efectos sociales— puedan terminar en una salida administrativa: “ya pasó el tiempo”. En esa lógica, no se discute si hubo verdad o culpabilidad; se discute si el calendario alcanza para cerrar el expediente. Y eso, en una sociedad que aún arrastra heridas por masacres, desapariciones y ejecuciones, es un golpe directo a la promesa mínima de justicia: que lo intolerable no sea negociable.
La presión de Rospigliosi es grave por dos razones. Primero, porque intenta enviar un mensaje disciplinario: “si no aplicas, te sancionan”. Segundo, porque busca blindar un resultado: que la ley opere como un atajo hacia la prescripción en casos donde el país necesita verdad, reparación y sanción. En términos políticos, es un movimiento que huele a impunidad; en términos republicanos, es un retroceso: la justicia no puede actuar mirando el texto legal con una mano y el expediente disciplinario con la otra.
Y sí: es imposible no leer el trasfondo. La insistencia en cerrar puertas a la justicia en materia de derechos humanos coincide con un discurso que relativiza responsabilidades y empuja a que la memoria sea tratada como estorbo. Eso explica, también, la reacción indignada de las víctimas: no se les está discutiendo una técnica jurídica, se les está recortando el derecho a que el Estado no las abandone otra vez.
En un país donde la confianza pública está fracturada, presionar jueces para facilitar prescripciones es una irresponsabilidad histórica. El Congreso debe legislar; el Poder Judicial debe juzgar; y la Autoridad de Control no debe convertirse en herramienta de amedrentamiento. Si la república permite que la política prescriba la justicia, lo que viene después no es seguridad jurídica: es la normalización de la impunidad. Y eso debería encender todas las alarmas, hoy, no cuando ya sea tarde. (Foto: El Búo).