El Gobierno ha elegido una ruta conocida —y peligrosa— frente al paro de transportistas: intentar deslegitimar la protesta en vez de desmontar las causas que la empujan. Pero hay un detalle que el poder parece olvidar: cuando la extorsión se vuelve rutina y el miedo se convierte en tarifa, el discurso oficial no alcanza. Por eso la medida se mantiene. No porque alguien “quiera desestabilizar”, sino porque la calle —esa que no se maneja con conferencias— sigue tomada por bandas que cobran cupos, imponen horarios y castigan con balas.
El sector transporte no anuncia paralizaciones desde la comodidad; lo hace desde la intemperie. Los cupos han subido, se multiplican las bandas y los atentados no se detienen. Hay choferes asesinados mientras trabajan, ataques armados a unidades con pasajeros y amenazas diarias por mensajes intimidatorios. En ese clima, la protesta del 14 de enero se sostiene como una respuesta desesperada ante una realidad que no ha cambiado pese a las promesas. Mientras tanto, el Ejecutivo insiste en que “se ejecutan acciones”, pero los transportistas describen un país donde el crimen cobra puntual y la protección llega tarde o no llega.
Lo grave no es solo que el Gobierno falle en controlar la criminalidad. Lo grave es que, frente al reclamo, busque desviar el foco: insinuar motivaciones políticas por la cercanía electoral, hablar de “pugnas internas”, advertir que el paro “no solucionará nada”, o deslizar la idea de “malos transportistas coludidos” como si el problema fuera una disputa gremial y no una economía criminal instalada.
Ese libreto tiene una utilidad inmediata: bajar la presión mediática y presentar la protesta como un acto sospechoso. Pero tiene un costo enorme: rompe el puente mínimo de confianza entre Estado y ciudadanía. ¿Cómo se le pide “comprensión” a quien paga por trabajar? ¿Cómo se le exige “prudencia” a quien vive con la amenaza de que una bala le marque el final de ruta? Cuando el Gobierno cambia el eje del debate —del crimen a la protesta— lo que hace es transformar a la víctima en sospechosa y al victimario en un ruido de fondo.
El problema no es el paro, es la ausencia de conducción
Deslegitimar no reduce extorsiones. Politizar no desarma bandas. Minimizar no devuelve vidas. El Ejecutivo puede repetir que hay “acciones diarias”, pero si el resultado es que los cupos suben y los asesinatos continúan, el país no está viendo una estrategia: está viendo improvisación. Y aquí entra el punto más delicado: a Jerí le quedan 196 días y, aun así, no ha logrado convocar a los sectores para un Plan Nacional contra la Criminalidad con metas, presupuesto, responsables y evaluación pública. En su lugar, se ha recurrido al recurso más fácil de anunciar: estados de emergencia que se desgastan a fuerza de repetición.
Un Gobierno que intenta deslegitimar una protesta legítima, en vez de resolver sus causas, actúa como si el problema fuera la incomodidad política y no la violencia real. Ese es un error ético y político. Porque no se trata de ganar el debate; se trata de recuperar el control del territorio y proteger la vida.
La medida se mantiene porque la realidad se mantiene. Si el Gobierno quiere evitar que el país se paralice, debe dejar de señalar la protesta y empezar a enfrentar la raíz: extorsión, sicariato, cobro de cupos y captura de rutas. Menos relato y más resultados. Porque cuando el Estado se dedica a desacreditar a quienes reclaman protección, el crimen entiende el mensaje perfecto: que puede seguir cobrando mientras la autoridad discute la legitimidad del miedo.(Foto: Ap Noticias).