Hay instituciones que crecen cuando el país progresa. Y hay otras que crecen cuando el país se hunde. El Congreso peruano parece pertenecer al segundo grupo: en solo cuatro años duplicó su gasto anual, pasando de alrededor de S/600 millones a cerca de S/1.500 millones. Y lo más inquietante no es el salto, sino la naturalidad con la que se pretende que el ciudadano lo acepte, como si fuera un costo inevitable de la democracia y no un síntoma de desconexión con la realidad.
El aumento no fue gradual ni explicado por un cambio estructural que justifique un “nuevo Congreso” más eficiente. Fue, más bien, un crecimiento acelerado con un patrón claro: más dinero para la propia casa. El rubro que más se infló fue el de Personal y Obligaciones Sociales. Se sumaron más de 700 nuevas plazas en el actual periodo legislativo y se aprobaron bonificaciones extraordinarias mediante convenios colectivos. En sencillo: mientras el país habla de empleo precario, el Congreso amplía planillas; mientras el país pide meritocracia, el Congreso engorda su estructura.
El salto de gasto en personal es el mejor resumen del problema. En 2021, el pago a trabajadores rondaba los S/400 millones; para 2025 llegó a aproximadamente S/950 millones. Y para 2026 se proyecta un escenario todavía más pesado, con cifras que podrían acercarse a S/1.300 millones solo en remuneraciones. Si esto fuera una empresa privada, los dueños —los ciudadanos— preguntarían por productividad, resultados y valor generado. Pero aquí no hay junta de accionistas: hay contribuyentes cautivos.
A eso se le suma el “paquete” de siempre: gasto en infraestructura, adecuaciones del Palacio Legislativo, incremento de asesores, consultorías, bienes y servicios, flota vehicular, seguridad privada y equipamiento tecnológico. Todo suena técnico. Todo suena justificable. Pero en conjunto suena a lo mismo: un Estado que recorta o estira la soga en salud, educación y seguridad, mientras el Congreso se asegura comodidad, músculo administrativo y estabilidad interna.
Lo mordaz es el contraste. En la calle, el país vive con miedo, servicios colapsados y desconfianza institucional. En el Parlamento, el presupuesto se dispara como si las urgencias nacionales fueran alfombras nuevas y más escritorios. Si el Congreso duplica su costo, el país tiene derecho a exigir una pregunta simple: ¿duplicó también su calidad?
Que el Congreso cueste casi S/1.500 millones al año no sería escándalo si estuviera a la altura de esa inversión. Pero el problema es que el gasto crece más rápido que la legitimidad, y eso es una receta perfecta para la indignación.
Reflexión final
Una democracia necesita un Parlamento fuerte, sí. Pero fuerte en ética, en trabajo legislativo y en rendición de cuentas, no fuerte en planillas y privilegios. Cuando el Congreso duplica su gasto en cuatro años, lo que se duplica no es la representación: se duplica la distancia entre el poder y la gente. Y esa distancia, tarde o temprano, se paga.(Foto: La República).