Que Fuerza Popular, Perú Libre y otros ocho partidos con presencia en el Congreso deban rendir cuentas por el uso de más de S/7 millones del Estado no es una nota administrativa: es una radiografía ética del sistema político. El financiamiento público existe para fortalecer la democracia, no para engrosar planillas, maquillar propaganda ni cubrir carencias estructurales de organizaciones que hace años dejaron de representar algo más que su propia supervivencia. Si hoy la ONPE exige transparencia, no es por formalidad: es porque la confianza ciudadana ya no soporta más zonas grises.
El monto a rendir cuentas supera los S/7,7 millones y corresponde al segundo semestre de 2025. Encabezan la lista Perú Libre, Fuerza Popular y Renovación Popular, seguidos por Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Juntos por el Perú, Somos Perú, Podemos Perú y el Partido Morado. La ley es clara: estos recursos deben usarse bajo criterios específicos y con límites estrictos. Hasta la mitad puede ir a funcionamiento ordinario; la otra mitad, obligatoriamente, a formación, capacitación, investigación y difusión con criterios de igualdad y no discriminación. No es un favor del Estado: es un contrato democrático.
El problema es que el país ya ha visto demasiadas veces cómo los fondos públicos se diluyen en informes sin impacto, consultorías que nadie conoce y plataformas que no forman a nadie. El financiamiento público fue diseñado para reducir la dependencia de aportes oscuros y profesionalizar la política. Pero cuando los partidos se acostumbran a recibir dinero sin transformar su cultura interna, el mecanismo se vacía de sentido: el Estado financia estructuras que no rinden ideas, solo trámites.
Aquí la exigencia no es contable; es moral. ¿Qué formación política real han producido estos partidos? ¿Qué investigaciones han aportado a mejorar la seguridad, la economía o la educación? ¿Qué cuadros nuevos han preparado para reemplazar el eterno reciclaje de rostros? Si la respuesta es difusa, entonces el problema no es la fiscalización: es la falta de propósito.
Responsabilidad y control. La ONPE ha anunciado verificación y posible inicio de procedimientos sancionadores si se detectan irregularidades. Bien. Pero la experiencia enseña que la fiscalización, cuando no se comunica con claridad ni culmina con consecuencias visibles, se convierte en un trámite más del calendario político. En un país cansado de promesas, la rendición de cuentas debe ser pública, detallada y pedagógica: no basta decir “cumplimos”, hay que demostrarlo con resultados.
Además, la ley no prohíbe solo el lucro; prohíbe el uso para fines distintos al objeto partidario. Eso incluye la tentación de convertir el financiamiento en defensa legal permanente, en publicidad encubierta o en gastos que no fortalecen ni la democracia ni la representación. Cuando el dinero del Estado no forma ciudadanos ni eleva el debate público, se convierte en un subsidio al estancamiento.
Fuerza Popular, Perú Libre y los otros ocho partidos no le rinden cuentas a la ONPE: le rinden cuentas al país. Cada sol mal usado erosiona algo más que el presupuesto: erosiona la fe en la política. Y en un contexto donde la ciudadanía desconfía de casi todo, la transparencia no es una opción decorativa, es la última línea de defensa. Si los partidos no pueden explicar con claridad en qué gastaron S/7 millones, no están fallando en contabilidad; están fallando en democracia. (Foto: La República).