Que más del 50% de peruanos quiera un presidente “tipo Bukele” no es una moda importada ni un capricho autoritario. Es un síntoma: el país está tan cansado del delito, la impunidad y el desgobierno que empieza a pedir “mano dura” como quien pide un extintor cuando la casa ya arde. El dato duele porque revela una derrota colectiva: la ciudadanía ya no espera que el Estado funcione; espera que alguien lo imponga. Y cuando una democracia llega a ese punto, la pregunta no es solo quién gobernará, sino qué está fallando para que el orden se vuelva un anhelo desesperado.
Una encuesta de Datum indica que 51% quiere un presidente con perfil similar al del mandatario salvadoreño, muy por encima de otras referencias internacionales. En paralelo, la intención de voto muestra un panorama fragmentado y frágil: un porcentaje grande declara que no votará por nadie, votará blanco/nulo o está indeciso. Solo una minoría afirma tener decidido su voto. La consecuencia es clara: la demanda central no es un programa económico o una reforma educativa; es una palabra: seguridad. Y esa palabra se ha vuelto un plebiscito contra toda la clase política.
Entre el hartazgo y el atajo. El “tipo Bukele” es, en el Perú, un concepto más emocional que técnico. Resume lo que la gente siente que perdió: control del territorio, autoridad en la calle, sanción efectiva, capacidad de decisión. Es, también, un juicio lapidario a los últimos gobiernos: promesas sin resultados, emergencias sin solución, planes que se anuncian y nunca llegan. Ante esa secuencia, la ciudadanía concluye algo brutal: si la ley no se cumple por convicción institucional, que se cumpla por imposición.
Pero la tentación del atajo es peligrosa. No porque el problema de seguridad no exista —existe y golpea a diario— sino porque una sociedad desesperada puede confundir eficacia con licencia. El Perú no necesita reemplazar el desgobierno por un gobierno que se crea dueño de las reglas. Necesita un Estado que recupere capacidad sin degradar derechos. La línea es fina: cuando el miedo manda, la democracia se vuelve negociable.
La verdadera causa del “fenómeno Bukele”. El dato del 51% no nace de admiración ideológica; nace de una sensación de abandono. En un país donde la extorsión funciona como impuesto criminal, donde el sicariato se normaliza, donde el ciudadano siente que denunciar es exponerse y que la justicia llega tarde, el “orden” se vuelve un deseo primario. Y si a eso se suma un sistema político con partidos débiles, candidaturas repetidas y altos niveles de rechazo o indecisión, el escenario se vuelve perfecto para la oferta de “soluciones rápidas” y discursos de choque.
La paradoja es esta: la gente pide un líder fuerte porque las instituciones son débiles. Pero si el líder fuerte no fortalece instituciones y solo concentra poder, el país termina peor: con menos controles, más arbitrariedad y el mismo delito mutando. La seguridad sostenible no se logra solo con carisma y fuerza; se logra con inteligencia policial, control de economías ilegales, reforma penitenciaria, coordinación fiscal-judicial, y un Estado que deje de actuar a golpes de titulares.
El 51% que pide un “tipo Bukele” es una advertencia para la política peruana: o recupera autoridad con Estado y legalidad, o el país seguirá buscando salvadores. La seguridad no es negociable, pero tampoco debería serlo la democracia. El reto de 2026 no es elegir un “duro”; es elegir un gobierno capaz de imponer orden sin destruir la república. Porque cuando el miedo decide, el país no vota por esperanza: vota por supervivencia. (Foto: Eco TV- AFP).