Cuatro años han pasado desde que 11,900 barriles de crudo se derramaron sobre el litoral de Ventanilla y, si algo queda claro, es que el tiempo no ha limpiado ni el mar ni la conciencia pública. Lo que sí ha quedado al descubierto es una combinación tóxica: una empresa que calcula más de lo que repara y un Estado que administra la catástrofe con la parsimonia de quien teme incomodar a los poderosos. Mientras tanto, las mujeres del mar —fileteras, pescadoras, comerciantes— siguen pagando un precio que nunca provocaron.
El derrame no fue un accidente aislado; fue una fractura social. Antes, la pesca era autonomía, oficio heredado, identidad transmitida de generación en generación. Después, se convirtió en dependencia, incertidumbre y endeudamiento. Las mujeres que sostienen economías familiares enteras denuncian haber sido tratadas como piezas descartables: compensaciones parciales, criterios arbitrarios, reconocimiento a medias y un padrón de afectados que en la práctica se convirtió en un filtro de exclusión. La reparación prometida terminó siendo una trampa contable: lo recibido se evaporó en deudas pospandemia, colegios, salud y supervivencia básica.
En el plano ambiental, el relato oficial suena más a excusa que a solución. Se habla de “atenuación natural”, como si la naturaleza tuviera que limpiar el desastre que la industria dejó. Pero bajo la arena siguen apareciendo restos de crudo, mezclados con vida marina y sedimentos, como una prueba incómoda de que la remediación real no ocurrió. Cada zanja abierta en la playa revela lo mismo: petróleo envejecido que resiste al olvido.
Y cuando se rasca un poco más, aparece la otra capa del problema: acuerdos opacos, negociaciones que diluyen responsabilidades y movimientos legales que parecen diseñados para proteger a la empresa más que al ecosistema o a las comunidades afectadas. El mensaje implícito es brutal: el daño es negociable, la justicia flexible y la memoria, prescindible.
Mientras tanto, las mujeres pescadoras siguen alzando la voz. No piden favores; exigen derechos. No buscan limosnas; reclaman reconocimiento real de su trabajo y una reparación que no las condene a la precariedad permanente. Su lucha no es sentimental: es política, económica y profundamente ética.
Si a cuatro años del derrame seguimos discutiendo si hubo o no reparación integral, si la remediación fue suficiente o si las afectadas fueron discriminadas, entonces el fracaso es sistémico. No falló solo una empresa: falló un modelo que prioriza la imagen sobre la justicia y la negociación sobre la protección de la vida.
Reflexión final
El petróleo derramado mancha el mar; la indiferencia estatal mancha la democracia. Cada año que pasa sin una reparación justa no “cierra” el caso: lo agrava. Y mientras las hijas e hijos de pescadores ven desaparecer un oficio ancestral, queda una pregunta incómoda que nadie quiere responder: ¿qué vale más para el país, el bienestar de su gente o la tranquilidad de una transnacional?. (Foto: La República).