En el Perú, la corrupción rara vez entra por la puerta principal: suele subir por el ascensor privado, a horas en que la agenda “no registra” y la rendición de cuentas “se posterga”. Por eso el foco no está en una cena, sino en lo que simboliza: los negocios secretos de Johnny Yang, el “amigo” del presidente José Jerí, un empresario con múltiples compañías y proyectos sensibles que rozan —directa o indirectamente— con el Estado. Cuando el poder se reúne en la sombra, el país termina pagando a plena luz.
Zhihua “Johnny” Yang no es un desconocido de paso: se le atribuye el control o propiedad de numerosas empresas en rubros estratégicos —construcción, maquinaria, inmobiliarias, centros comerciales y restaurantes— y, además, aparece vinculado a compañías proveedoras del Estado. Ese dato, por sí solo, ya exige máximas alarmas: un empresario con contratos o interés en contratos públicos no puede ser solo “amigo” del presidente; se convierte automáticamente en un actor de interés.
La situación se vuelve más delicada con el caso de la hidroeléctrica Pachachaca 2 en Apurímac: concesión millonaria, plazos corriendo y, según lo reportado, avances prácticamente nulos. En escenarios así, la pregunta lógica es qué busca quien no está cumpliendo: prórrogas, modificaciones, flexibilidades, respaldo político. Y si el empresario que necesita oxígeno administrativo se sienta a cenar con el jefe de Estado fuera de agenda, el Estado se contamina de sospecha aunque nadie firme un papel en la mesa.
Porque esa es la trampa perfecta: no dejar huellas formales. No se trata de un documento; se trata de una relación. De una dinámica en la que el “amigo influyente” fija los términos, concentra intermediación, abre puertas y, si es necesario, cobra favores. Ese tipo de poder paralelo no es folclor; es un riesgo institucional. Y en un gobierno de transición, el riesgo se multiplica: hay prisa, poca legitimidad y demasiadas tentaciones de “resolver rápido”.
Lo más indignante es que Jerí, en lugar de blindar su mandato con transparencia, alimenta la narrativa de la opacidad: reuniones que no aparecen en agenda, vínculos que se minimizan, explicaciones que llegan tarde o a medias. Mientras tanto, el ciudadano común enfrenta lo contrario: trámites eternos, servicios colapsados, inseguridad diaria. Para el Perú de a pie no hay ascensor privado; hay fila, frustración y abandono.
El problema no es que Johnny Yang haga negocios. El problema es que, con tanto negocio alrededor y con el Estado de por medio, su cercanía al presidente adquiera aroma de puerta giratoria: lo privado buscando atajos en lo público.
Reflexión final
Cuando un “amigo del presidente” acumula empresas, concesiones sensibles y relación directa con Palacio, la democracia exige una respuesta simple: transparencia total o sanción política. Porque si el Perú acepta que las decisiones se conversen en privado y sin registro, entonces ya no gobierna el interés público: gobierna la influencia. (Foto: Conexión Norte).