Si existiera un manual titulado Cómo gobernar al revés, José Jerí lo estaría siguiendo al pie de la letra. Mientras la criminalidad tiene secuestrado al país, su gobierno propone repartir bonos a víctimas de extorsión. La lógica elemental —“muerto el perro, muerta la rabia”— ha sido reemplazada por otra perversa: que el perro siga mordiendo y el Estado pague la herida. El mundo al revés no es una figura retórica; es la política pública de Jerí.
En cualquier país que se respete, la prioridad sería desmantelar las bandas, cortar sus finanzas, capturar cabecillas, intervenir cárceles y devolver autoridad a la Policía y al Ministerio Público. Aquí, en cambio, la respuesta es un cheque. Como si la extorsión fuera un desastre natural inevitable y no un crimen organizado que se combate con inteligencia, operatividad y sanción.
La extorsión es un negocio perfectamente estructurado: territorios, cobradores, teléfonos, lavado de dinero y miedo. Se derrota con investigación, interceptaciones, patrullaje estratégico, control carcelario real y fiscalías con recursos. Pero Jerí parece haber optado por una estrategia de resignación: “si te extorsionan, te compensamos”. Eso no es política de seguridad; es confesión de impotencia.
El fiscal Jorge Chávez Cotrina lo dijo sin adornos: un bono mal diseñado puede crear falsas víctimas. No porque los ciudadanos sean maliciosos, sino porque cuando el Estado abre un incentivo económico en un sistema débil, el sistema se distorsiona. En un país donde denunciar es una odisea y obtener justicia toma años, el bono puede convertirse en una nueva industria: tramitadores, gestores, expedientes inflados y “víctimas” de ocasión. Así, además de financiar al crimen, terminaríamos financiando el fraude.
Pero el problema es más profundo: Jerí invierte las prioridades. En lugar de ir por el extorsionador, se concentra en cómo pagarle a quien ya fue golpeado. En vez de recuperar el control, administra el daño. El mensaje implícito es devastador: el delincuente cobra y el Estado compensa. Un modelo donde el delito manda y el gobierno solo hace contabilidad del desastre.
Y lo más grave: un bono no desarma bandas, no evita asesinatos, no impide que un chofer sea marcado ni que un comerciante viva aterrado. La seguridad no se declama ni se reglamenta; se ejecuta. Si Jerí quisiera un legado, debería mostrar resultados operativos, no titulares compasivos.
Compensar puede tener sentido como complemento de una estrategia integral. Pero convertirlo en eje central, en plena crisis, es admitir derrota. El Estado no puede reemplazar su deber de proteger con la obligación de pagar.
Reflexión final
La extorsión no se vence con cheques: se vence con autoridad, inteligencia y justicia efectiva. Jerí debía acabar con los extorsionadores, no institucionalizar su negocio con un “bono”. Porque cuando el gobierno paga por el daño en lugar de impedirlo, el país aprende —otra vez— que la ley retrocede… y que el crimen avanza sin freno. (Foto: ATV).