Que la Fiscalía de la Nación haya iniciado una investigación preliminar contra el presidente José Jerí por presunto patrocinio ilegal y tráfico de influencias no es un capítulo más del ruido político: es una señal de alarma institucional. El país no puede normalizar que la Presidencia se convierta en un espacio donde las reuniones se explican después, las agendas se completan a conveniencia y las versiones cambian según la presión pública. Cuando el poder se maneja en penumbras, la confianza —ya erosionada— termina de romperse.
La investigación se abre tras reuniones con el empresario Zhihua “Johnny” Yang, incluyendo un encuentro nocturno no registrado en la agenda oficial y otros contactos posteriores que han alimentado dudas razonables sobre transparencia y probidad. El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, confirmó que la hipótesis preliminar apunta a figuras como patrocinio ilegal de intereses y tráfico de influencias. El procedimiento tiene una particularidad: por la investidura presidencial, se harán diligencias preliminares y la investigación podría quedar en suspenso hasta que concluya el mandato, conforme al criterio aplicable en casos recientes. Es decir, el Estado investiga, pero el tiempo político juega.
En una república saludable, la relación entre poder político y actores privados se rige por reglas claras: registro de reuniones, motivos explícitos, trazabilidad de decisiones y rendición de cuentas. Aquí ocurre lo contrario. El caso exhibe un patrón corrosivo: primero se minimiza, luego se justifica, después se “colabora” cuando la presión sube. Jerí ha anunciado ponerse a disposición de la Fiscalía y también ha ofrecido colaborar con la Comisión de Fiscalización del Congreso. Bien. Pero colaborar no es suficiente si lo que está en tela de juicio es el estándar de conducta: ¿por qué reuniones fuera de agenda?, ¿por qué reiteración de contactos?, ¿por qué el Estado debe enterarse por revelaciones periodísticas y no por su propio registro institucional?.
El premier Ernesto Álvarez sostiene que Jerí “cayó en una trampa”, atribuyendo el episodio a falta de experiencia y a un supuesto “deslumbramiento” por ofertas. Ese argumento no exculpa: agrava. Si el presidente interino puede ser “rodeado” por intereses privados con tal facilidad, entonces el problema no es solo un error personal; es una vulnerabilidad del Estado. La Presidencia no es un espacio de aprendizaje improvisado, menos aún en un país donde la captura de instituciones ha sido una práctica recurrente. La inexperiencia no puede funcionar como salvoconducto moral.
Del otro lado, la defensa del empresario insiste en que se trata de una “amistad” y que no hay contratos vigentes con el Estado. Aun si eso fuera cierto, la pregunta de fondo persiste: la ética pública no se mide solo por contratos, sino por accesos, cercanías, gestiones y señales. En política, la forma también es fondo cuando la forma compromete confianza.
Esta investigación debe ser el punto de quiebre para elevar el estándar, no un trámite más para dejar pasar la tormenta. Jerí está obligado a hacer lo que en el Perú se posterga siempre: transparentar de manera integral su agenda, detallar quiénes participaron en cada reunión, qué se trató, qué se ofreció, qué se rechazó y qué decisiones concretas se derivaron —si las hubo—. Y el Congreso debe fiscalizar sin teatro, con rigor y sin selectividad.
Porque el verdadero escándalo no es el “chifagate”. El verdadero escándalo es un Estado que se acostumbra a gobernar con zonas grises. Y cuando el poder se mueve en zonas grises, la impunidad encuentra su color favorito. (Foto: La República).