En pleno proceso electoral, el Perú vuelve a tropezar con una pregunta básica para cualquier democracia: ¿puede el Estado sancionar a un candidato por invocar a Dios? La polémica crece ante denuncias de que algunos Jurados Electorales Especiales (JEE) estarían iniciando observaciones y procesos sancionadores contra postulantes cristianos por incluir referencias religiosas en su propaganda o discursos. El tema no es menor: cuando una autoridad electoral toca la libertad de expresión y de culto, pisa una línea roja. Y si esa línea se cruza sin explicación clara, la sospecha de censura no llega sola: llega con legitimidad.
Las alertas se disparan porque los casos no parecen aislados. Se reportan cuestionamientos a lemas como “Dios, familia y patria”, a frases como “Con Dios haremos historia”, y a expresiones de fe personal en mítines. En ese contexto, voces como la del congresista Alejandro Muñante hablan de “persecución ideológica” y de una ofensiva contra candidatos cristianos. Se podrá discrepar del diagnóstico político, pero el problema institucional existe: si la sanción se activa por mencionar a Dios, el JEE deja de ser árbitro y comienza a parecer editor de discursos.
Aquí es donde entra el punto jurídico que algunos intentan esquivar. Juristas han recordado que la Constitución protege la libertad de expresión y de culto: una cosmovisión religiosa puede estar presente en el debate público, siempre que no se convierta en incitación a la violencia, imposición de creencias o negación de derechos. Esa es la frontera democrática. No es “barra libre” ni “mordaza”: es un equilibrio.
Pero el equilibrio se rompe cuando la regulación se vuelve ambigua o selectiva. Porque el daño no es solo al candidato sancionado: el daño es al proceso. Un JEE que no explica con precisión qué infracción concreta se cometió —y por qué una frase religiosa sería sancionable— abre la puerta a dos riesgos igual de graves: la censura y la arbitrariedad. Hoy puede ser por “Dios”; mañana puede ser por cualquier idea incómoda.
La ironía es que, en vez de fortalecer el debate, estas sanciones lo empobrecen. La campaña debería discutir planes contra la inseguridad, reforma del sistema de justicia, empleo y lucha real contra la corrupción. Pero cuando la autoridad electoral se enreda en castigar expresiones de fe, la agenda se desplaza: el país deja de discutir soluciones y comienza a discutir permisos para hablar. Y ahí ganan los extremos: unos se victimizan, otros celebran la mordaza, y el ciudadano vuelve a quedar atrapado entre bandos.
Invocar a Dios no debería ser, por sí mismo, motivo de sanción. Si la Constitución ampara la libertad de culto y expresión, cualquier restricción debe ser excepcional, claramente motivada y aplicada con el mismo rasero para todos.
Reflexión final
La democracia no se defiende silenciando convicciones, sino garantizando reglas transparentes. Si el JEE quiere cuidar el proceso, que lo haga con claridad y proporcionalidad: sancione lo que incite a la violencia o niegue derechos, no lo que exprese fe. Porque cuando el árbitro se convierte en censor, el partido deja de ser limpio y la elección pierde algo más valioso que votos: pierde confianza. (Foto: La República).