Cuando un país entra en modo “sucesión” como si fuera un trámite rutinario, no estamos ante un episodio político más, sino ante una señal de deterioro institucional. Hoy, la pregunta que se instala —¿quién asumiría la Presidencia si vacan o censuran a José Jerí?— revela un Estado atrapado entre escándalos, mociones y cálculos. La difusión de nuevas imágenes sobre reuniones no registradas con empresarios chinos ha desatado una ofensiva parlamentaria que incluye mociones de vacancia y censura. Pero el problema ya no es solo Jerí: es la normalización de la precariedad, la sensación de que Palacio se administra como un reemplazo temporal y que la “gobernabilidad” depende del próximo voto, no del interés público.
La Constitución es clara en su espíritu: ante la ausencia del presidente, asume el presidente del Congreso. El detalle —si la sucesión es automática o si primero debe recomponerse la Mesa Directiva— se ha convertido en el centro del debate. Y ahí aparece la primera grieta: la incertidumbre institucional. Abogados discrepan: para algunos, Fernando Rospigliosi —como primer vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso— estaría habilitado para asumir de inmediato. Para otros, la salida de Jerí arrastraría a toda la Mesa Directiva, obligando al Pleno a elegir una nueva, y de esa elección saldría quien ocupe la jefatura del Estado.
La discusión no es menor. Si la sucesión es automática, el país pasa de un presidente cuestionado a otro actor político con agenda, bancada y costos propios, sin una pausa de legitimación parlamentaria. Si cae toda la Mesa, se abre un escenario más ordenado en teoría, pero más explosivo en la práctica: una elección interna donde los votos se negocian, se transan y se cobran. Y cuando el país está en ruta electoral, ese riesgo se multiplica: cada decisión puede ser leída como ventaja indebida, conflicto de interés o maniobra para condicionar el proceso.
En este tablero se suma un punto incómodo: la reelección y las candidaturas. Si hay congresistas en carrera hacia el Senado o la Cámara de Diputados, el solo hecho de asumir un cargo de transición puede alterar el equilibrio electoral. El Perú no necesita un “presidente encargado” que también sea candidato, porque eso convierte el Estado en plataforma. Y cuando el Estado se vuelve plataforma, la ciudadanía deja de ser representada y pasa a ser utilizada.
Mientras tanto, Jerí busca frenar la hemorragia política: ha solicitado acudir al Congreso para responder ante la Comisión de Fiscalización. La agenda es directa: fechas, horas, acompañantes, motivos, por qué no se registraron las reuniones, si hubo conocimiento diplomático, y si existieron gestiones ante entidades del Estado. Son preguntas básicas. El problema es que en el Perú lo básico suele llegar tarde: la transparencia aparece recién cuando el escándalo ya hizo su trabajo.
La sucesión no puede convertirse en un reality de reemplazos. Si Jerí cae, el país necesita un tránsito institucional que privilegie la estabilidad democrática, no la revancha ni el oportunismo. El Congreso debe resolver el mecanismo con claridad y sin trampas, porque la incertidumbre es combustible para la desconfianza.
Reflexión final
La peor herencia de esta crisis no será quién se siente en Palacio mañana, sino que el Perú se acostumbre a vivir sin piso institucional. Un país que cambia presidentes como quien cambia de vocero termina gobernado por el miedo, por el cálculo y por el rumor. Y allí, donde manda el rumor, la democracia solo sobrevive de nombre.