En el Perú, la indignación dura menos que una campaña y la memoria menos que un spot. Ahora el debate electoral abre otra grieta: el nuevo criterio del JNE que fija 10 años como plazo para que una persona con sentencia penal pueda volver a postular, siempre que haya cumplido la pena, esté rehabilitada y no adeude reparación civil. Suena “razonable” en el papel. Pero en un país con corrupción crónica, instituciones frágiles y partidos sin filtros, el problema no es solo el plazo: es quién lo fija, cómo lo fija y para qué termina sirviendo.
La discusión tiene dos verdades incómodas. Primera: una democracia no puede convertir la sanción en condena perpetua si la Constitución reconoce el principio de resocialización y si la rehabilitación existe. Segunda: ese debate debía estar zanjado por una ley clara, no por una “regla” nacida desde una resolución electoral en plena competencia. Porque cuando el árbitro empieza a redactar el reglamento durante el partido, el país no gana justicia: gana sospecha.
El propio análisis técnico ha advertido el punto neurálgico: al establecer un umbral temporal general (10 años), el JNE roza el rol de legislador positivo, algo que corresponde al Congreso. El máximo organismo electoral podía interpretar, sí; pero también podía exhortar, pedir precisión normativa y exigir coherencia legislativa. En vez de eso, el Perú recibe un “criterio” que funcionará como precedente para muchos casos. ¿Resultado? La ley que impedía postular “aun rehabilitado” queda relativizada por una interpretación que cambia el tablero y deja un mensaje peligroso: si la política espera lo suficiente, todo se olvida.
Y aquí aparece el riesgo mayor: la puerta giratoria. Diez años en política peruana es un suspiro. Con redes, recursos y paciencia, un condenado puede volver con traje nuevo, discurso renovado y la misma maquinaria. ¿Quién garantiza que el “cumplimiento” de pena y la “rehabilitación” no terminen convertidos en trámites para regresar al poder? ¿Quién controla que la reparación civil no se convierta en formalidad, mientras la impunidad social sigue intacta?
Encima, el sistema ya opera con criterios dispares: unas normas miran sentencias firmes, otras primeras instancias; unas distinguen delitos, otras no; unas son temporales, otras indefinidas. Ese caos no es técnico: es político. Y en ese desorden prospera el oportunismo.
El problema no es discutir segundas oportunidades. El problema es normalizar retornos sin reformas, sin filtros, sin transparencia y con reglas improvisadas.
Reflexión final
Si la política quiere redención, que empiece por la ética: partidos con controles reales, financiamiento limpio, rendición de cuentas y candidatos que expliquen su pasado sin victimismo. Porque si el Estado abre la puerta sin reforzar la casa, lo que regresa no es la resocialización: es la vieja costumbre de convertir la justicia en trámite y el poder en premio. (Foto: Infobae / Andina).