En un país donde la desconfianza es el idioma común, no hay gesto más corrosivo que el blindaje. Hoy, el foco ya no es solo José Jerí y sus reuniones no registradas con un empresario: el foco es quién lo sostiene. Y en esa fotografía política aparecen dos nombres con nitidez: Keiko Fujimori —a través de Fuerza Popular— y Fernando Rospigliosi, desde la presidencia del Congreso. Ambos han optado por proteger a Jerí en medio de cuestionamientos que comprometen la transparencia del Ejecutivo. Lo hacen invocando “estabilidad” y “orden”, términos que en el Perú suelen funcionar como paraguas para una vieja práctica: aguantar el temporal hasta que el escándalo se desgaste.
El movimiento de Fuerza Popular es quirúrgico: admite “dudas” sobre las explicaciones de Jerí, pero se niega a respaldar cualquier salida inmediata. Es decir, reconoce el humo, pero insiste en que no hay incendio. Su comunicado plantea que “se investigue” en el Congreso y en el Ministerio Público, mientras descarta sumarse a las mociones de censura. ¿Qué significa esto en la práctica? Que la bancada más disciplinada del Parlamento está diciendo: la investigación sí, pero la decisión no; el ruido sí, pero el costo no.
Este no es un gesto aislado, es una línea política. Keiko Fujimori entiende que un gobierno interino en campaña es un territorio sensible: se puede convertir en campo de batalla o en espacio de control. Y cuando un líder partidario decide “no mover la mesa” pese a admitir cuestionamientos, no está apostando por la institucionalidad: está apostando por el manejo del tiempo. La estrategia es conocida: se desplaza la discusión del Pleno —donde se vota— a los pasillos —donde se diluye—.
Ahí entra Rospigliosi como operador institucional. Desde la Mesa Directiva, ha reforzado el mismo discurso: Jerí cometió una “actitud incorrecta”, sí, pero eso no justifica censura ni vacancia “por ahora”. Además, bloquea la urgencia del debate: rechaza un Pleno extraordinario durante el receso y sugiere que el cauce debe ser comisiones y procedimientos. El resultado es simple: sin Pleno no hay definición, y sin definición Jerí se queda.
El blindaje, entonces, no es solo de votos: es de agenda. La pregunta central deja de ser “¿qué hizo Jerí?” y pasa a ser “¿por qué no se discute ya?”. Cuando la presidencia del Congreso decide que el tema no se ventila en el momento crítico, está tomando partido. Y cuando Fuerza Popular se niega a apoyar censuras mientras acusa a otros de “desestabilizadores”, está fijando un marco narrativo: quien pide cuentas “hace caos”, quien protege “hace orden”. Es un truco retórico: convertir el control político en “pelea inútil” y el blindaje en “madurez”.
Mientras tanto, otras bancadas —APP, Renovación Popular y distintos bloques— empujan la censura con un argumento que no requiere adornos: Jerí es presidente encargado, no electo; su legitimidad es prestada y depende de la probidad, la transparencia y la coherencia. Si no cumple ese estándar, el encargo se vuelve un riesgo. Y, sobre todo, un precedente: que el poder interino también puede moverse fuera del registro sin consecuencias.
Keiko Fujimori y Fernando Rospigliosi no están defendiendo a Jerí por un detalle técnico: lo están sosteniendo porque les conviene administrar el tablero. La “estabilidad” que invocan no es un valor abstracto: es una herramienta para posponer decisiones y evitar costos inmediatos.
Reflexión final
La ciudadanía no solo debe mirar a Jerí; debe mirar a quienes lo protegen. En política, la responsabilidad no siempre está en el que se equivoca, sino en el que decide que el error no merece sanción. Si Jerí se mantiene, el país sabrá quiénes hicieron del “orden” una coartada. Y esa memoria —en democracia— también vota. (Foto: La República).