Japón vuelve a encender un símbolo sensible: la central nuclear Kashiwazaki-Kariwa, considerada la más grande del mundo, reanudará operaciones por primera vez desde la catástrofe de Fukushima de 2011. La decisión, respaldada por el gobierno provincial de Niigata y ejecutada por TEPCO, no es solo un asunto técnico. Es un test de confianza pública, de seguridad y de rumbo energético en un país que aprendió —a un costo enorme— lo que significa subestimar un riesgo sistémico.
TEPCO ha señalado que en 2026 se reactivará solo uno de los siete reactores, bajo un paquete de mejoras orientadas a reducir la probabilidad de un accidente grave: un muro antisunami de 15 metros, sistemas de energía de emergencia elevados y otras medidas de protección. El argumento oficial se apoya en un trípode estratégico: disminuir la dependencia de combustibles fósiles, avanzar hacia la neutralidad de carbono en 2050 y responder a una demanda eléctrica creciente, asociada —entre otros factores— al despliegue de infraestructura digital e inteligencia artificial.
Sin embargo, la energía nuclear no se evalúa únicamente por su aporte a la descarbonización. Se evalúa por su gobernanza del riesgo. Y allí Japón no parte de cero: parte de Fukushima. En 2011, un terremoto de magnitud 9.0 y un tsunami con olas superiores a 10 metros derivaron en un accidente severo, con fusión de reactores y una crisis de largo aliento. Ese antecedente convirtió la “seguridad” en una palabra que exige evidencia, no promesas.
El clima social en Niigata ilustra esa tensión. Una encuesta de septiembre de 2025 registró que el 60% se oponía al reinicio, frente a un 37% a favor. La oposición se sostiene en preocupaciones conocidas: la percepción de que Fukushima aún no está “bajo control”, la memoria de incidentes y encubrimientos del pasado, y la sensación de que los planes de evacuación no garantizan una respuesta eficaz para todos. Para muchos ciudadanos, el dilema no es estar “a favor o en contra” de la nuclear, sino decidir qué nivel de incertidumbre se considera aceptable cuando el impacto potencial es extremo.
Reactivar Kashiwazaki-Kariwa puede ayudar a la estabilidad energética y a los objetivos climáticos, pero también reabre una pregunta política: ¿quién asume el costo si la prevención falla? En sociedades marcadas por crisis tecnológicas, la legitimidad se construye con controles, auditorías y transparencia sostenida.
Reflexión final
La lección de 2011 no fue “apagar para siempre”, sino “no normalizar el riesgo”. Si Japón decide volver, la responsabilidad es doble: operar con estándares máximos y convencer con hechos, no con urgencias. Porque en energía, la confianza es parte de la infraestructura. (Foto: Emol. Com).