José Jerí invitó a 20 ciudadanos chinos y proveedores del Estado a un concierto privado. El dato, revelado por Perú21, no es una anécdota social ni un gesto cultural. Es un hecho político con implicancias institucionales profundas. En un país golpeado por la corrupción estructural y la captura del Estado, la cercanía privilegiada entre el presidente y contratistas públicos no es solo imprudente: es un mensaje peligroso.
La política no se ejerce en salones de gala, sino bajo el escrutinio público. Y cuando el poder selecciona invitados con criterio opaco, la sospecha deja de ser paranoia y se convierte en deber cívico.
La gala sinfónica del 30 de diciembre de 2025 en el Gran Teatro Nacional incluyó una lista VIP definida desde la Presidencia, con trato preferente para invitados escogidos personalmente por Jerí. Entre ellos figuraban empresarios chinos y representantes de compañías con contratos millonarios con el Estado peruano, además del ya conocido Zhihua Yang, protagonista del escándalo por reuniones no registradas con el mandatario.
La pregunta no es si escuchar una sinfónica es delito. La pregunta es por qué el presidente de la República decide otorgar privilegios protocolares a personas vinculadas a licitaciones públicas, en un contexto donde el país enfrenta una crisis de transparencia sin precedentes.
El Estado moderno se sostiene sobre un principio básico: distancia entre el poder político y los proveedores del Estado. Esa distancia no es cortesía; es una barrera ética contra el tráfico de influencias, el lobby indebido y los favores cruzados. Cuando esa frontera se diluye, la institucionalidad se debilita.
Palacio respondió que se trató de invitaciones a “comunidades y agremiaciones empresariales” y que el presidente “no tiene relación” con los invitados. Sin embargo, esa explicación elude el núcleo del problema: la selección preferente. No se trató de un evento abierto ni protocolar. Fue una lista exclusiva enviada al Ministerio de Cultura para asegurar atención diferenciada. En términos políticos, eso se llama trato privilegiado.
Más grave aún, la presencia reiterada de Zhihua Yang en el círculo presidencial, en reuniones privadas, visitas a Palacio y ahora en listas VIP, consolida una narrativa inquietante: el entorno presidencial parece operar con una lógica de cercanía empresarial que recuerda viejas prácticas de captura del Estado.
La Presidencia de la República no es un club social ni un despacho de networking empresarial. Es la máxima institución del Estado peruano. Cada gesto simbólico, cada invitación y cada lista protocolar transmite un mensaje. Y el mensaje aquí es preocupante: el poder abre sus puertas a quienes hacen negocios con el Estado.
En un contexto donde la Fiscalía investiga reuniones clandestinas, donde el Congreso discute censuras y vacancias, y donde la ciudadanía percibe un gobierno sin rumbo, este episodio no es menor. Es parte de un patrón: opacidad, cercanías cuestionables y explicaciones insuficientes.
El escándalo no es la música ni el teatro. El escándalo es el uso del poder para tejer cercanías privilegiadas en un país donde la corrupción ha sido una constante histórica. Si el presidente Jerí quiere recuperar credibilidad, debe explicar con detalle quiénes fueron invitados, bajo qué criterio y qué relación tienen con el Estado. El silencio o las respuestas evasivas solo profundizan la crisis de confianza.
Reflexión final
Las democracias no colapsan solo por golpes de Estado; también se erosionan lentamente cuando el poder se acostumbra a operar en círculos cerrados, con listas VIP y favores implícitos. La historia peruana está llena de lecciones sobre lo que ocurre cuando el Estado se convierte en salón privado. Hoy, más que nunca, el país necesita presidentes que entiendan que gobernar no es invitar, sino rendir cuentas. (Fuente: Perú 21).