En el Perú, la democracia suele llegar con una advertencia pegada al pecho: “obligatorio”. Y si no cumples, “multa”. La ONPE lo ha recordado con precisión quirúrgica: ser miembro de mesa no es un gesto voluntario ni un acto romántico de civismo; es una obligación legal e irrenunciable. El 12 de abril de 2026, titulares y suplentes deben presentarse desde las 6:00 a. m. para firmar la hoja de asistencia, instalar la mesa y sostener una jornada que va de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.. Puntualidad, firma y permanencia. La democracia, aquí, empieza con checklist.
La amenaza está escrita en números: si no asistes o no conformas mesa, pagas S/ 275. Y ojo: no existe el “yo era suplente”. El suplente también tiene obligación. No firmar la asistencia, llegar tarde o retirarse sin completar el proceso puede convertirse en sanción. Es decir: para el ciudadano, el sistema sí funciona. Te controla, te registra, te multa.
Ahora viene la parte amarga: esa eficiencia para castigar al ciudadano contrasta con la lentitud casi filosófica para castigar lo que realmente destruye la vida pública. Porque mientras tú haces malabares para llegar a las seis de la mañana, el país convive con extorsión, violencia, delincuencia y corrupción como si fueran fenómenos meteorológicos: inevitables, recurrentes, comentables, pero no combatibles. Para la mesa de sufragio no hay tolerancia; para el desgobierno sí hay excusas. Para la firma de asistencia hay rigor; para la responsabilidad política hay amnesia.
La ONPE ofrece beneficios por cumplir: S/ 165 de compensación económica y un día de descanso no compensable válido para sector público y privado. Bien. Pero el simbolismo es brutal: se premia con un día a quien sostiene el proceso electoral, mientras el ciudadano carga años sin premio soportando el desorden, la indiferencia y la sensación de que la ética es un cartel de campaña que se arranca al día siguiente de la elección.
¿No puedes cumplir? La ley permite excusas y justificaciones, sí, pero deben tramitarse formalmente y dentro del plazo. Y hasta el derecho a explicarte tiene costo: S/ 15,80 para iniciar el procedimiento. La democracia peruana tiene algo de mercado: pagas para justificarte, pagas si faltas, pagas si te equivocas. Lo único que rara vez paga es el poder cuando falla.
Ser miembro de mesa es una función clave: resguardar el voto, contar, validar, firmar. Sin eso, no hay confianza posible en los resultados. Pero si el Estado exige disciplina cívica, debería ofrecer a cambio un mínimo de coherencia: que la sanción no sea selectiva, que la ley no sea un látigo para el ciudadano y una almohada para el político.
Reflexión final
El 12 de abril, cumple. No por miedo a la multa, sino por defensa propia: de tu voto, de tu derecho a exigir, de tu capacidad de vigilar. Pero no normalices el mensaje de fondo: que la democracia sea estricta contigo y complaciente con quienes gobiernan. Si el ciudadano paga S/ 275 por faltar, el país debería empezar a cobrar —en las urnas y en la memoria— a quienes faltan todos los días a su responsabilidad moral. Porque una democracia donde el castigo es seguro abajo y la impunidad respira arriba no educa ciudadanía: acostumbra resignación. (Foto: Diario Correo).