En el Perú, el celular ya no suena: asalta. Y no porque haya una emergencia, sino porque alguien decidió que tu número es parte del inventario comercial. Lo llaman “ofertas”, “beneficios” o “campañas”, pero para el ciudadano común es lo mismo de siempre: interrupción, presión y desgaste. El spam no es una molestia menor; es una forma cotidiana de abuso que se normalizó con la complicidad del silencio institucional.
El BBVA Perú fue multado con más de S/ 1.5 millones por realizar llamadas publicitarias sin consentimiento, luego de que se analizara una muestra de 1,130 comunicaciones. Es decir, no fue un desliz; fue un patrón. Y cuando existe un patrón en una entidad grande, hay algo todavía más grave detrás: la certeza de impunidad. Se llama porque se puede. Se insiste porque funciona. Se invade porque el costo, históricamente, ha sido ridículamente bajo.
Pero lo que debería encender todas las alarmas no es solo el caso BBVA: es que BCP, Scotiabank, Interbank y otras empresas también están bajo la lupa. Traducido: no es “un banco que se excedió”, sino un sector que aprendió a operar con la misma lógica depredadora: “primero te interrumpo, luego, si te quejas, te pido disculpas; si me sancionan, apelo”. La ley exige consentimiento previo, claro, inequívoco. Sin embargo, el mercado se comporta como si el consentimiento fuera un detalle negociable, una formalidad enterrada en letras pequeñas, o peor: una coartada invisible.
Y aquí viene lo más crítico: el spam se volvió rentable porque el Estado permitió que la ciudadanía cargue con el costo emocional y práctico del hostigamiento. El usuario bloquea números, activa filtros, cambia rutinas, desconfía de toda llamada desconocida. ¿Y el sistema? Continúa. Call centers tercerizados, bases de datos que circulan como si fueran caramelos, y un lenguaje corporativo que pretende maquillarlo todo: “contactabilidad”, “segmentación”, “optimización de campaña”. En castellano: te usamos.
El Indecopi sanciona, sí. Pero sanciona como quien llega cuando el incendio ya consumió el edificio y decide felicitarse por apagar una esquina. Que la multa sea celebrada demuestra el nivel de resignación al que hemos llegado. Y encima, la sanción es de primera instancia y el BBVA puede apelar. En la práctica peruana, eso suele significar tiempo, papeleo, desgaste y la posibilidad de convertir la sanción en un trámite más. Para un banco grande, S/ 1.5 millones puede terminar siendo solo un rubro en el presupuesto: “riesgo regulatorio”.
Mientras tanto, el ciudadano recibe el mensaje más perverso: tu tranquilidad vale menos que una meta comercial. Y si esto es así con un derecho básico como no ser hostigado, ¿qué no harán con lo demás?.
Si el Indecopi realmente quiere cambiar algo, debe tratar el spam como lo que es: una práctica masiva y sistemática. No basta con multar a uno para la foto. Se necesita fiscalización permanente, sanciones consistentes a todos los involucrados y medidas que obliguen a demostrar el consentimiento de forma verificable. Lo contrario es teatro.
Reflexión final
Una sociedad que normaliza el abuso “pequeño” se entrena para soportar el abuso grande. Hoy te invaden con llamadas. Mañana te invaden con decisiones. El spam bancario no es solo ruido: es un espejo del país. Y ese espejo nos está diciendo algo incómodo: aquí, el poder aún cree que puede tocar tu puerta sin permiso… y que tú debes agradecerle por hacerlo.