Hay cifras que no admiten spin ni maquillaje político. Según la encuestadora CIT, el 82.7% de peruanos rechaza la gestión del Gobierno en seguridad ciudadana y cada vez menos creen en los operativos de José Jerí. No es una percepción caprichosa: es un veredicto social. Cuando ocho de cada diez ciudadanos reprueban tu política de seguridad, no estás en crisis de imagen; estás en crisis de autoridad, liderazgo y legitimidad.
El contraste es brutal: apenas 3.5% aprueba las acciones del Ejecutivo y 13.8% las considera “regulares”. El resto, simplemente, no cree. En cualquier país serio, 3.5% sería sinónimo de cambio inmediato de estrategia, autocrítica pública y reingeniería total del aparato de seguridad. En el Perú, en cambio, suele ser sinónimo de más conferencias, más chalecos, más anuncios rimbombantes y la misma sensación de desprotección.
La seguridad se ha convertido en un espectáculo de utilería. Operativos con cámaras, decomisos con pose para la foto, discursos con tono épico. Pero el crimen no se combate con escenografía. La delincuencia no mide su avance en titulares, sino en territorios controlados, en extorsiones cobradas, en miedo instalado. Y mientras el Gobierno se obsesiona con el encuadre mediático, las mafias se obsesionan con la logística. El resultado es previsible: la calle no siente Estado, siente abandono.
Lo vergonzoso y repudiable es que, en más de 110 días de gobierno, Jerí aplazó en dos oportunidades la presentación del Plan Nacional de Lucha contra la Criminalidad. En seguridad, retrasar un plan es retrasar vidas salvadas. Mientras el país esperaba estrategia, coordinación y metas claras, el Gobierno ofreció dilaciones y discursos.
En lugar de liderazgo estratégico, Jerí optó por el recurso fácil: decretar estados de emergencia en serie. Medidas excepcionales convertidas en rutina, con resultados previsiblemente pobres. El estado de emergencia sin inteligencia, sin reforma policial, sin sistema penitenciario funcional y sin política criminal integral es solo una sirena política: suena fuerte, pero no resuelve nada.
Lo más inquietante es que la desaprobación en seguridad no es un fenómeno aislado. La propia medición de CIT muestra un deterioro general de la confianza en el Gobierno. Y cuando el Estado falla en lo más básico —proteger la vida cotidiana—, todo lo demás se vuelve irrelevante. No importa el discurso económico ni la retórica institucional. Si el ciudadano no se siente seguro, todo gobierno se vuelve un gobierno fallido.
Este vacío de liderazgo tiene consecuencias políticas peligrosas. Cuando la gente deja de creer en la política democrática, empieza a mirar con simpatía soluciones de fuerza, discursos de mano dura sin controles, propuestas que sacrifican derechos a cambio de promesas de orden. El fracaso del Estado es el fertilizante del autoritarismo. No porque la gente ame el abuso, sino porque odia el miedo.
El 82.7% de rechazo no es una encuesta más: es una radiografía de un Estado que no está cumpliendo su función esencial. La seguridad no es propaganda, es presencia, inteligencia, prevención, investigación y justicia efectiva. Sin eso, cualquier operativo es solo una coreografía.
Reflexión final
José Jerí puede seguir multiplicando operativos, anuncios y estados de emergencia. Pero mientras la ciudadanía los perciba como teatro, el Gobierno seguirá perdiendo territorio simbólico y real. Porque en política, como en la calle, el espacio que el Estado no ocupa con eficacia, alguien más lo ocupa con violencia. Y cuando el miedo gobierna, la democracia queda en segundo plano. (Foto: Exitosa).