Cuando un juez ordena el levantamiento del secreto bancario del APRA y de sus militantes, la noticia trasciende el expediente judicial: es un ajuste de cuentas con la historia política reciente. La decisión del juez Richard Concepción Carhuancho coloca bajo escrutinio a un partido emblemático y a dirigentes que hoy buscan regresar al poder. No es una cacería; es una señal tardía de que el dinero en política ya no puede seguir oculto detrás de discursos ideológicos y nostalgias partidarias.
La medida alcanza a figuras como Jorge del Castillo, Hernán Garrido Lecca, Luciana León, Luis Alva Castro y otros dirigentes históricos. La Fiscalía podrá revisar cuentas, transferencias y movimientos financieros para corroborar la tesis de presuntos aportes ilícitos de Odebrecht a la campaña del 2006, el año en que Alan García retornó a la presidencia. La empresa brasileña, según testimonios, habría entregado US$200,000 a esa campaña. No es un rumor de pasillo: es una línea de investigación con fechas, viajes, visitas a Palacio y movimientos migratorios que coinciden con el poder en ejercicio.
Los detalles incomodan más que los discursos. Aportes sin sustento económico, hipotecas canceladas con fondos presuntamente ilícitos, depósitos a cuentas partidarias, dirigentes que hoy vuelven a postular al Congreso con el discurso de la experiencia. La política peruana tiene un patrón: reciclar nombres, reciclar promesas y, al parecer, reciclar prácticas.
No sorprende que algunos implicados hablen de “fines politiqueros” del juez. Es la respuesta automática cuando la justicia se acerca demasiado. Pero el problema no es la investigación, sino la cultura política que convirtió el financiamiento opaco en una herramienta de supervivencia electoral. Cuando los partidos se financian en la sombra, gobiernan con deudas que no figuran en ningún presupuesto público.
El APRA no es el único caso, pero sí un símbolo. Un partido con historia, con cuadros, con discurso institucional, ahora obligado a abrir sus cuentas como cualquier empresa bajo auditoría. La pregunta incómoda no es cuánto dinero entró, sino cuántas decisiones públicas se tomaron bajo la influencia de esos aportes.
Levantar el secreto bancario no condena; expone. Y exponer es el primer paso para romper la ficción de que la política peruana se financia con militancia y cuotas. La transparencia no puede ser un gesto voluntario: debe ser una obligación judicial y política.
Reflexión final
La democracia se debilita cuando el dinero decide en silencio y se fortalece cuando las cuentas se abren al escrutinio público. Si los partidos quieren credibilidad, deben empezar por mostrar quién los financia y a cambio de qué. Hoy el APRA está bajo la lupa; mañana deberían estarlo todos. Porque mientras el secreto bancario proteja a la política, la política seguirá protegiendo al secreto. (Foto: Infobae).