El Perú ha perfeccionado una forma elegante de negar la pobreza: medirla de manera incompleta. El nuevo Índice de Pobreza Multidimensional del Observatorio Económico de la Universidad de Lima revela que 11 millones de peruanos (32% de la población) viven con carencias graves en servicios básicos, y que en el ámbito rural la cifra roza el 70%. Esta no es una estadística más: es una acusación directa contra décadas de indiferencia estatal y una crítica al triunfalismo económico que celebra crecimiento mientras ignora dignidad.
La medición oficial de pobreza en el Perú se basa en el gasto necesario para cubrir una canasta básica de consumo. Quien supera ese umbral, aunque sea por un sol, deja de ser considerado pobre. Sin embargo, el índice multidimensional —basado en la metodología de la Universidad de Oxford— demuestra que millones que no califican como pobres monetarios viven sin agua segura, sin saneamiento adecuado, con viviendas precarias, hacinamiento, retraso educativo, sin conectividad y sin acceso efectivo a salud. El estudio identifica 6,2 millones de peruanos pobres multidimensionales que no son pobres monetarios, y otros 4,8 millones que lo son en ambos sentidos. Fuente: Observatorio Económico de la Universidad de Lima.
La pobreza monetaria ha servido como un indicador cómodo para el poder. Reduce la complejidad del problema a una línea de corte y permite anunciar “mejoras” cuando el crecimiento económico eleva ingresos temporales. Pero la pobreza real no se mide en soles; se mide en agua potable, en desagüe, en escuelas que funcionan, en centros de salud que atienden, en internet que conecta y en viviendas que protegen.
El índice multidimensional expone una verdad incómoda: el crecimiento económico no ha sido sinónimo de bienestar. El país ha tenido viento internacional favorable por precios del cobre y del oro, pero sin un despegue social capaz de cerrar brechas estructurales. El resultado es un modelo que genera cifras macroeconómicas celebradas en conferencias, pero deja millones de hogares atrapados en condiciones indignas.
El componente rural es una radiografía del abandono. En regiones como Loreto, Puno o Cusco, la pobreza multidimensional supera con creces la monetaria. Allí el problema no es solo ingreso; es ausencia del Estado. No hay crecimiento que sustituya redes de agua, saneamiento, infraestructura educativa o conectividad digital. La pobreza multidimensional depende más de gestión pública que de ciclos económicos, y esa es la parte que el discurso oficial evita.
Esta pobreza “invisible” tiene rostro. Es el niño con retraso educativo porque no hay escuela adecuada. Es la madre con anemia crónica porque el centro de salud no existe o no funciona. Es la familia hacinada, sin agua segura, mientras escucha que el país “creció”. Es el agricultor sin internet ni mercado digital, condenado a la informalidad. Es el Perú que no aparece en los informes optimistas, pero que sostiene al país con trabajo precario.
La Caja Negra sostiene que medir la pobreza solo por ingresos es una forma de negarla políticamente. El Estado ha preferido indicadores que permiten discursos antes que diagnósticos que exigen inversión, reforma y rendición de cuentas. La pobreza multidimensional exige políticas territoriales diferenciadas, inversión masiva en agua, saneamiento, vivienda, salud, educación y conectividad, y metas públicas con responsables identificables. Sin eso, el índice será solo otra alarma ignorada.
Once millones de peruanos viven en pobreza estructural mientras el país celebra estabilidad macroeconómica. No es una paradoja: es una elección política. La pobreza que no se mide bien se administra mal; y la que se administra mal se convierte en herencia. El Perú no necesita más cifras para discursos; necesita un Estado que convierta estadísticas en dignidad. (Foto: La República).