Gobernar no es reaccionar: es conducir. A 113 días de iniciado el mandato, el país sigue sin un plan de gobierno claro hasta el 28 de julio y sin un Plan Nacional Estratégico de lucha contra la criminalidad, aplazado por segunda vez. La ausencia no es técnica; es política. Y sus costos se pagan en vidas, territorios y confianza pública.
La improvisación se ha normalizado. Estados de emergencia que se renuevan sin evaluación, anuncios que no se sostienen en cronogramas, promesas que se diluyen en prórrogas. Salud, educación, seguridad, minería, agricultura y alimentación muestran síntomas de colapso o estancamiento. No por falta de diagnósticos —sobran— sino por falta de dirección. Un gobierno sin plan gobierna a golpes de titular; un país así avanza a ciegas.
Un estado de emergencia sin estrategia es un gesto vacío. Puede aumentar patrullaje unos días, pero no desmonta redes criminales ni corta financiamiento ilícito. La seguridad exige arquitectura: inteligencia, fiscalías robustas, control de armas, protección de víctimas, coordinación territorial y metas verificables. Nada de eso prospera sin un plan integral. Lo que vemos es lo contrario: medidas fragmentadas que simulan acción mientras el crimen sí planifica.
La consecuencia más grave es la expansión de economías ilegales. El narcotráfico y la minería ilegal no avanzan por azar; avanzan donde el Estado retrocede. Capturan territorios, corrompen autoridades, imponen reglas y financian violencia. Cuando eso ocurre, el riesgo no es semántico: es la captura criminal del Estado en zonas enteras. Un país no se convierte en “narcoestado” de un día para otro; llega allí por acumulación de omisiones.
La improvisación también carcome lo social. La salud no se recupera con comunicados; necesita gestión y presupuesto priorizado. La educación no mejora con discursos; requiere políticas sostenidas y evaluación. La agricultura no despega sin infraestructura, crédito y asistencia técnica. La alimentación no se protege sin cadenas logísticas y control de precios locales. Sin plan, cada sector opera en piloto automático, y el resultado es un tablero de crisis simultáneas.
El desgobierno se mide en escenas cotidianas: el comerciante que incorpora el “cupo” como costo fijo; el transportista que cambia de ruta por miedo; el agricultor que pierde cosecha por falta de soporte; el paciente que espera meses; el estudiante que aprende menos. La ausencia de plan no es un debate académico: es incertidumbre estructural.
Mientras tanto, la agenda pública se distrae con episodios opacos y escándalos que ocupan cámaras y desplazan lo esencial. Gobernar para la pantalla puede generar ruido; no genera resultados. Un país no necesita más escenas: necesita conducción.
La Caja Negra es clara: 113 días sin plan no son demora; son negligencia política. El Ejecutivo debe presentar de inmediato un plan de gobierno verificable hasta el 28 de julio y un plan nacional de seguridad con indicadores por región, responsables con nombre y apellido y rendición de cuentas periódica. Menos emergencia sin estrategia; más Estado con dirección.
Cuando el poder improvisa, el crimen organiza. Cuando el gobierno reacciona, las economías ilegales avanzan. Y cuando el país espera planes que no llegan, pierde tiempo que no se recupera. Gobernar sin plan no es neutral: es gobernar contra el país.