En el Perú, la salud mental se atiende como se atienden las tragedias anunciadas: con discursos, con campañas ocasionales y con un presupuesto que parece siempre “para después”. Hoy la cifra no deja espacio para el maquillaje: faltan 384 Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC) para atender óptimamente a la población. Hay 305, cuando el estándar exige uno por cada 50 mil habitantes. Y, para rematar, menos del 50% de los centros cuenta con psicofármacos esenciales. Esto no es una “brecha” simpática en una diapositiva: es un abandono operativo que empuja recaídas, crisis y violencia hacia las casas, las calles y las escuelas.
La política peruana es experta en inaugurar titulares y dejar vacíos los servicios. Se crean centros, sí, pero sin infraestructura sólida, sin equipamiento suficiente, sin contratos dignos para el personal y —lo más absurdo— sin la farmacia mínima para sostener tratamientos. ¿De qué sirve “atender” depresión, ansiedad, psicosis o adicciones si luego el paciente vuelve a casa con una receta imposible? En salud mental, interrumpir medicación no es un detalle logístico: es jugar ruleta rusa con la estabilidad de una persona y la tranquilidad de su familia.
El déficit, además, no está escondido. Está mapeado y grita en la cara del Estado: Lima y regiones necesitan 141 centros más; Piura y La Libertad 26; Callao, Cajamarca y Lambayeque 18; Arequipa 17; Cusco y Áncash 15. Es decir, el problema no es falta de diagnóstico: es falta de decisión. Y cuando el Estado conoce el riesgo y aun así no actúa, ya no estamos ante ineficiencia: estamos ante indiferencia institucional.
La precariedad de muchos CSMC —locales prestados, alquilados, sin condiciones adecuadas de privacidad y seguridad— termina siendo una metáfora perfecta del trato público a la salud mental: “te escucho, pero rápido; te atiendo, pero como se pueda; te acompaño, pero sin herramientas”. ¿Qué dignidad puede haber en un sistema donde el espacio terapéutico no garantiza ni lo básico? ¿Qué prevención puede sostenerse si se recorta presupuesto, cuando los casos crecen y la demanda se multiplica?
Y aquí lo más mordaz: el país paga igual. Si no invierte en prevención y atención comunitaria, pagará con urgencias colapsadas, más violencia intrafamiliar, adicciones, suicidios, ausentismo laboral, abandono escolar y comunidades más rotas. La diferencia es que ese pago llega en forma de tragedia, no de partida presupuestal.
La salud mental no es un lujo ni un “tema blando”: es infraestructura social. Un Estado que no la prioriza fabrica crisis en serie y luego se sorprende por los resultados.
Reflexión final
El legado de gobiernos que trataron la salud mental como adorno es simple: más gente sufriendo sola. Declarar la salud mental en emergencia, cerrar la brecha de centros con metas verificables y asegurar psicofármacos esenciales no es heroísmo: es lo mínimo. Porque cuando el Estado abandona la salud mental, no queda “vacío”: queda una bomba de tiempo… y ya está sonando. (Foto: Andina).