El Perú enfrenta una de las peores crisis de su historia reciente. La delincuencia se expande, las extorsiones paralizan ciudades, los hospitales carecen de recursos, la educación pública sigue rezagada y millones de ciudadanos sobreviven con enormes dificultades económicas. Sin embargo, el Congreso ha decidido colocar entre sus prioridades el incremento de la remuneración de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. La decisión podrá encontrar respaldo en normas legales, pero resulta profundamente desconectada de la realidad que vive el país.
Con 68 votos a favor, el Parlamento aprobó en primera votación homologar el salario de los integrantes de la JNJ con el de los jueces supremos, elevando sus ingresos de aproximadamente S/35.017 a S/42.717 mensuales. La medida demandará más de S/866 mil adicionales al año para los siete miembros titulares.
El argumento utilizado es que la Constitución reconoce igualdad de derechos y beneficios entre ambas magistraturas. Nadie discute la existencia de ese sustento jurídico. Lo que sí corresponde discutir es la oportunidad política y la escala de prioridades de un Congreso cuya aprobación ciudadana continúa entre las más bajas de la historia republicana.
Mientras miles de policías reclaman mejores condiciones de trabajo, mientras médicos, enfermeras y docentes esperan mejoras largamente postergadas, el Parlamento demuestra una sorprendente rapidez cuando se trata de debatir beneficios para las más altas autoridades del aparato estatal.
La decisión también llega en un momento especialmente delicado para la propia JNJ. La institución ha sido protagonista de fuertes controversias por investigaciones, procesos disciplinarios y cuestionamientos públicos que han debilitado su imagen. En ese contexto, aprobar un incremento remunerativo sin que previamente exista una recuperación de la confianza institucional solo alimenta la percepción de que las altas esferas del Estado continúan funcionando bajo una lógica distante de las verdaderas urgencias nacionales.
El problema no radica únicamente en el monto del aumento. El problema es el mensaje político que transmite. Mientras millones de peruanos deben hacer más con menos, el Estado parece seguir enviando la señal de que siempre existen recursos cuando se trata de mejorar las condiciones económicas de las más altas autoridades.
Cada decisión pública tiene un costo económico, pero también un costo político y moral. Y este último puede ser mucho más difícil de recuperar cuando la ciudadanía observa que las prioridades del poder no coinciden con las prioridades del país.
La confianza en las instituciones no se fortalece incrementando remuneraciones. Se fortalece demostrando independencia, eficiencia, transparencia y resultados. Ninguna homologación salarial podrá reemplazar la legitimidad que solo se construye mediante el servicio público.
Reflexión final
El Congreso tenía la posibilidad de enviar un mensaje de sensibilidad frente a la crisis nacional. Eligió otro camino. Mientras el Perú espera leyes que enfrenten la inseguridad, reactiven la economía y fortalezcan la justicia, el Parlamento vuelve a dedicar parte de su agenda a mejorar las condiciones de quienes ya ocupan los niveles más altos del Estado. Esa desconexión con la realidad explica, en buena medida, por qué la distancia entre los ciudadanos y sus instituciones continúa creciendo. En una democracia, la legalidad de una decisión puede ser suficiente para aprobarla; pero solo la legitimidad social permite que sea respetada y comprendida por la ciudadanía. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).