El Perú posee uno de los patrimonios culturales más admirados del planeta. Machu Picchu no solo representa la grandeza del Imperio Inca, sino también el principal símbolo turístico del país y uno de sus mayores motores económicos. Sin embargo, hoy la noticia no es un nuevo reconocimiento internacional, sino una advertencia preocupante: el interés de turistas y operadores internacionales por visitar el santuario ha caído un 20%.
Lo más grave es que esta caída no responde a una pandemia, una guerra o un desastre natural. Responde, principalmente, a una crisis de gestión.
La Cámara de Comercio, Industria y Turismo del Cusco ha alertado que numerosas agencias internacionales están retirando a Machu Picchu de sus circuitos porque no pueden garantizar la compra anticipada de entradas para sus clientes. La falta de predictibilidad en la venta de boletos ha convertido al principal destino turístico del Perú en un producto incierto para el mercado internacional.
El propio Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), según informó el gremio empresarial, reconoce una reducción del 20% en el interés de turistas y operadores extranjeros por visitar la ciudadela.
No se trata únicamente de un problema informático ni administrativo. Es el reflejo de una gobernanza deficiente.
Durante los gobiernos de Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí y ahora José Balcázar, el país ha sido incapaz de construir una política seria y sostenible para proteger, promover y administrar su mayor patrimonio turístico. A ello se suma la responsabilidad de diversas autoridades regionales y locales, así como de entidades nacionales como el Ministerio de Cultura y PromPerú, que durante años no han logrado articular una estrategia eficiente para garantizar una gestión moderna, transparente y competitiva del santuario.
Mientras destinos como Río de Janeiro, Galápagos, Santiago o Bogotá ya superaron los niveles de visitantes previos a la pandemia, Cusco apenas alcanza alrededor del 83% del flujo turístico registrado en 2019.
La paradoja resulta dolorosa. El Perú posee una de las siete maravillas del mundo moderno, pero actúa como si administrara un atractivo sin relevancia internacional.
Cada turista que decide cambiar Machu Picchu por otro destino representa menos empleo para hoteles, restaurantes, guías, transportistas, artesanos y miles de pequeñas empresas que dependen directamente del turismo. La ineficiencia burocrática termina costando millones de dólares y afecta el desarrollo económico de toda una región.
Más preocupante aún son las reiteradas observaciones internacionales sobre la gestión del santuario. Mantener el prestigio de Machu Picchu exige una administración técnica, sostenible y libre de intereses políticos. Descuidar ese compromiso pone en riesgo no solo su reputación, sino también el liderazgo turístico del Perú.
Machu Picchu no necesita más discursos ni anuncios de ocasión. Necesita una reforma profunda en su sistema de gestión, una coordinación efectiva entre el Ministerio de Cultura y Mincetur, reglas claras para el acceso de visitantes y una visión de largo plazo que coloque al patrimonio nacional por encima de cualquier interés burocrático o político.
Reflexión final
El deterioro de Machu Picchu no comenzó con la caída del turismo. Comenzó cuando el Estado dejó de administrar un patrimonio mundial con la responsabilidad que merece.
Una maravilla del mundo no puede depender de sistemas de venta improvisados, decisiones contradictorias ni disputas institucionales. Porque cuando un país administra con ineficiencia su principal símbolo ante el mundo, no solo pierde turistas. También pierde prestigio, competitividad y oportunidades de desarrollo.
Machu Picchu es un legado de la humanidad. Permitir que la improvisación lo debilite sería uno de los mayores fracasos de la gestión pública peruana. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).