En plena disputa por la Presidencia de la República, dos de las principales organizaciones políticas vuelven a quedar bajo observación de los organismos electorales. Esta vez no por el conteo de votos ni por recursos de nulidad, sino por algo mucho más profundo: la transparencia en el manejo de sus recursos económicos.
Mientras el Jurado Nacional de Elecciones confirmó una sanción contra Juntos por el Perú por aportes de origen desconocido durante la campaña de 2021, la Oficina Nacional de Procesos Electorales ratificó una multa contra Fuerza Popular por el uso indebido del financiamiento público. Son casos distintos, pero con un mismo mensaje: la democracia también se fortalece cuando los partidos rinden cuentas.
La resolución del JNE establece que Juntos por el Perú registró diecisiete aportes cuya procedencia no pudo ser acreditada. Dieciséis personas negaron haber realizado las contribuciones y uno de los aportantes figuraba fallecido antes de la fecha en que supuestamente entregó el dinero. Frente a esos hechos, el máximo organismo electoral confirmó una multa de 33 UIT y la reducción del financiamiento público.
Por otro lado, la ONPE mantuvo la sanción contra Fuerza Popular al considerar que utilizó recursos del financiamiento público para actividades que no se ajustaban a los fines previstos en la Ley de Organizaciones Políticas. Entre ellas figuran viajes, actividades académicas y programas cuya ejecución excedería el periodo autorizado por la normativa vigente. El partido ha anunciado que continuará impugnando la decisión ante el JNE.
Ambos expedientes tienen particularidades distintas y aún existen recursos administrativos en uno de ellos. Sin embargo, revelan un problema estructural que trasciende a estas dos organizaciones. La política peruana continúa mostrando debilidades en materia de control interno, trazabilidad de recursos y administración transparente del dinero que financia la actividad partidaria.
La democracia no solo exige elecciones limpias. También requiere partidos responsables, capaces de demostrar con absoluta claridad de dónde provienen sus recursos y cómo utilizan los fondos públicos que reciben. Cuando aparecen observaciones reiteradas, la confianza ciudadana se erosiona y se fortalece la percepción de que las reglas no siempre se cumplen con el mismo rigor que se exige a los ciudadanos.
Lo preocupante es que estos episodios ya no sorprenden. Con frecuencia, las organizaciones políticas terminan respondiendo ante los organismos electorales por problemas relacionados con financiamiento, aportes, rendiciones de cuentas o gastos cuestionados. La excepción parece convertirse lentamente en la regla.
El fortalecimiento de la democracia comienza por fortalecer a los propios partidos políticos. No basta con participar en elecciones; también deben administrar sus recursos con transparencia, disciplina y absoluto respeto por la ley.
Reflexión final
Los ciudadanos tienen derecho a exigir que quienes aspiran a gobernar el país sean los primeros en cumplir rigurosamente las normas que regulan la actividad política. La transparencia no puede ser un discurso de campaña ni un argumento para cuestionar al adversario. Debe convertirse en una obligación permanente para todos, sin importar si visten de rojo, naranja o cualquier otro color político. Porque cuando la rendición de cuentas deja de ser una prioridad, la democracia empieza a perder uno de sus pilares más importantes: la confianza ciudadana. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).