La llamada “reelección encubierta” de alcaldes ya no puede presentarse como una rareza electoral. Más de 50 renuncias de candidatos a alcaldías han dejado a primeros regidores —varios de ellos autoridades salientes— con posibilidades de regresar al sillón municipal mediante sucesión. Ahora, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, apunta directamente al origen del problema: el Congreso dejó abierta la puerta.
La reforma constitucional de 2015 prohibió la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores regionales, pero no impidió que esas mismas autoridades postulen como regidores, consejeros o incluso busquen otro nivel de gobierno. Se cerró una puerta y se dejaron abiertas varias ventanas.
Burneo sostiene que el JNE debe aplicar las reglas existentes y que no puede inventar prohibiciones durante un proceso electoral. Jurídicamente, el argumento es comprensible. Institucionalmente, el resultado es preocupante: una norma creada para impedir la continuidad inmediata puede terminar produciendo exactamente aquello que pretendía evitar.
Un alcalde no puede postular directamente a reelegirse, pero sí puede colocarse como primer regidor. Si quien encabeza la lista renuncia o posteriormente deja el cargo, la sucesión puede devolverlo a la alcaldía. La prohibición permanece escrita; el efecto práctico puede desaparecer.
El Congreso tiene entonces una responsabilidad que no debería esconder detrás de interpretaciones posteriores. Las leyes electorales no pueden redactarse como manuales incompletos esperando que el JNE tape después los agujeros. Si el legislador quiso impedir la reelección inmediata, debió prever también los mecanismos que podían reproducirla por vías indirectas.
Burneo señala además que el debate debe ser más profundo. Quizá corresponda discutir abiertamente si una sola reelección municipal puede beneficiar la continuidad de buenas gestiones. Esa discusión es legítima. Lo inadmisible es mantener una prohibición solemne en la Constitución mientras la realidad política aprende a esquivarla.
El elector tampoco debería cargar con toda la responsabilidad. Pedirle que “revise la lista completa” es correcto, pero insuficiente. El ciudadano debe votar informado; el Congreso debe legislar bien y los partidos actuar con transparencia.
Después de las elecciones regionales y municipales 2026, la reforma electoral debe dejar de ser una promesa recurrente. El Parlamento deberá decidir: permitir una reelección con límites claros o cerrar definitivamente cualquier mecanismo de sucesión diseñado para eludir la prohibición.
Reflexión final
Una democracia seria no obliga al ciudadano a descifrar trucos jurídicos antes de votar. Cuando la Constitución dice “no reelección”, pero la ley permite regresar por otra casilla de la misma lista, el problema no está únicamente en quien aprovecha el vacío. También está en quienes redactaron una prohibición con salida de emergencia. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).