Los Juegos Panamericanos Lima 2027 deberían ser una fiesta del deporte. Sin embargo, detrás de las medallas y los discursos aparece un contrato mucho menos romántico: el Estado peruano pone infraestructura, asume riesgos, concede beneficios tributarios y paga cánones millonarios; Panam Sports conserva derechos, marcas, ingresos estratégicos y amplios mecanismos de protección contractual.
Puede ser legal. Puede estar firmado. Puede ser el modelo internacional. Pero eso no lo convierte automáticamente en razonable, equilibrado ni intocable.
Según la información proporcionada, se aprobó una asignación de US$6,5 millones: US$2,5 millones para Panam Sports por una cuota contractual vinculada a comercialización y patrocinio, y US$4 millones para el Comité Paralímpico de las Américas por derechos de organización.
El problema no es únicamente pagar. Es observar todo lo que acompaña al cheque.
El país sede debe garantizar obras, cubrir costos operativos, asumir eventuales déficits, cumplir estándares técnicos, facilitar alojamientos, transporte y condiciones especiales. A ello se agregan exenciones fiscales para determinadas operaciones, facilidades aduaneras y derechos comerciales que Panam Sports administra directamente.
Es un negocio particularmente cómodo: el anfitrión coloca mayor parte del capital y carga con el riesgo; la organización internacional protege sus derechos y cobra la franquicia.
El precedente de Barranquilla es todavía más incómodo. Colombia había transferido US$2,25 millones antes de perder la sede de 2027 y Panam Sports decidió no devolver esos recursos alegando incumplimientos contractuales. Después aparecieron cuestionamientos jurídicos sobre cláusulas consideradas asimétricas. En otras palabras: la ciudad puede perder los Juegos y también el dinero.
Y todavía hay más. Las controversias contractuales pueden terminar ante arbitraje internacional, mientras Panam Sports, por su naturaleza privada internacional, no está sometida a los mismos mecanismos cotidianos de fiscalización que una entidad pública peruana.
Entonces la pregunta es elemental: ¿por qué el contribuyente debe aceptar tanta opacidad alrededor de recursos públicos?
Que Panam Sports financie becas, desarrollo deportivo o participación de países pequeños merece reconocimiento. Pero la buena obra no puede convertirse en escudo contra la rendición de cuentas.
El Perú debe publicar íntegramente contratos, anexos, exoneraciones, cánones, derechos comerciales, ingresos por patrocinio, televisión y responsabilidades posteriores a Lima 2027.
No basta con decir que “así funcionan los grandes eventos”.
Reflexión final
Panam Sports vende una franquicia deportiva; el Perú compromete millones, infraestructura pública y garantías estatales.
La relación debería ser entre socios, no entre quien impone las condiciones y quien paga para aceptarlas. Si el Estado asume la mayor parte del riesgo, el ciudadano tiene derecho a conocer hasta el último dólar. Porque los Juegos pueden durar dos semanas; la factura, los contratos y sus consecuencias quedan mucho más tiempo. (Foto ilustración: lacajanegra.blog).